El PP renuncia a presidir con EH Bildu las comisiones de Vitoria tras una tormenta política

La monumental polémica, de origen un tanto artificial y avivada por un comunicado del PNV en el que llamaba «cínico» a EH Bildu y denunciaba un «acuerdo» entre estos partidos, ha nacido con el reparto de las presidencias de las comisiones. Los once asientos han recaído en los populares y los abertzales, y de forma automática, lo que suele ser una cuestión que pasa sin pena ni gloria en la tramitación del Consistorio al inicio de cada legislatura, ha llevado a la capital alavesa al foco nacional con la cita con las urnas a la vuelta de la esquina.

Todo ha comenzado cuando el PP y EH Bildu se han hecho con los once asientos de este órgano de control (cinco y seis, respectivamente) tras ser los únicos partidos de la oposición que se han presentado voluntarios. La nueva configuración ha salido adelante con el voto a favor de Elkarrekin Podemos y la abstención del PSE y el PNV. Pero los jeltzales han reaccionado con rapidez para denunciar que «en la primera oportunidad que han tenido EH Bildu y PP para negociar, pactar y acordar, lo han hecho».

Sin embargo, tras varias horas de máxima tensión que ha elevado la polémica hasta las direcciones de los partidos y saltó a Madrid, hasta el punto de que el propio Pedro Sánchez ha ironizado con los acuerdos que le atribuyen con Bildu y llamó «hipócritas» a los populares, el PP ha tomado la drástica decisión de renunciar a las presidencias. El movimiento busca alejarse de cualquier sombra de un eventual acuerdo con la izquierda abertzale que amenazara el discurso que ha mantenido en las dos últimas campañas electorales.

Los populares han asegurado que se ha producido una «tergiversación de los hechos» a la hora de interpretar el reparto de las comisiones, y han recordado que «los partidos que forman el Gobierno municipal no presiden» estas sesiones. Al mismo tiempo, han denunciado un «cambio de voto» en la formación nacionalista, que dio el «visto bueno» en la junta de portavoces municipal y después se ha abstenido en el Pleno y ha censurado el «pacto» a través de un comunicado con declaraciones de la portavoz jeltzale Beatriz Artolazabal.

Las comisiones del Pleno, que son órganos de seguimiento que se convocan de forma periódica y que sirven como mecanismo de control para el equipo de gobierno municipal, deberán repartirse de nuevo tras la renuncia del PP, que ha emplazado al PSE y al PNV a desempeñar esta función durante los cuatro próximos años.

Lo cierto es que esta figura ha recaído en las últimas legislaturas en miembros de la oposición, que con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de tradición tácita en la sede de la plaza de España. Es decir, no figura en el reglamento interno del Consistorio, pero es una forma de proceder arraigada. Principalmente porque refuerza la imagen de inspección al Ejecutivo.

La fórmula se mantenía respecto al antiguo mandato, con la salvedad de que Elkarrekin Podemos también tenía representación en esta materia. Sin embargo, con la pérdida de un concejal (pasó de tres a dos), el grupo morado ha renunciado a mantener ese asiento por una cuestión operativa, pero ha apoyado el reparto entre el resto de las formaciones de la oposición (EH Bildu y PP) por tratarse de un «trámite necesario» para la puesta en marcha del Ayuntamiento en el nuevo curso.

El último episodio, en cualquier caso, refleja el inflamable terreno en el que se encuentra el Ayuntamiento de Vitoria, donde el PP apoyó la investidura de Maider Etxebarria (PSE) para vetar la Alcaldía a EH Bildu, que partía con ventaja por su victoria el pasado 28-M. La nueva Corporación, con gobierno en minoría (PSE-PNV) y con Elkarrekin Podemos todavía más cerca de los abertzales que del Ejecutivo local (se negó a gobernar con el PNV), deja a los populares como primera opción del Gabinete Etxebarria, al menos en los primeros compases del mandato. Este gesto, de hecho, ha sido muy reivindicado por los populares, incluso a nivel de España para marcar «perfil de Estado» frente a los independentistas.

Desde la jornada de investidura del pasado 17 de junio, el partido de Ainhoa Domaica (PP) ha facilitado la presidencia de las sociedades municipales de Tuvisa y Ensanche 21 a representantes del PNV y del PSE, respectivamente, a cambio de acuerdos en cuestiones que considera «estratégicas». Se trata de realizar una «auditoría económica» al Bus Eléctrico Inteligente (BEI), una vieja reivindicación que convirtió en su caballo de batalla durante la campaña y que nunca atendió Gorka Urtaran. Además, pactó con el gobierno la compra de diez nuevos buses eléctricos y hacer un listado de pisos municipales okupados para «agilizar» su desalojo.