Acoso laboral

Piden 50.000 euros a una directiva de Vitoria por acosar a una empleada y prohibir a la plantilla hablarle

Según los escritos de la Fiscalía de Álava y de la acusación particular a los que ha tenido acceso este periódico, su mal nada tuvo que ver con su carga de trabajo o con la dificultad de su cometido. Apuntan a su directora.

Está investigada por dirigirse a su subordinada «desde el inicio de la relación laboral» con frases como «eres una inútil, no vales para nada». También por sus «continuas referencias a su forma de vestir y aspecto físico y descalificaciones hacia el trabajo que hacía (la denunciante) y a su capacidad para llevarlo a cabo».

Esa táctica melló con rapidez la autoestima de su subalterna. Hasta el grado de que le diagnosticaron «un trastorno de ansiedad y depresión» al año de contrato. Empezó a acumular bajas médicas. Primero cortas, de apenas un mes.

Pero al octavo año de contrato, la ahora investigada le acusó de «desidia», de dejar los expedientes «desordenadamente expuestos» o de «modificarlos en alguna ocasión sin el conocimiento de la empresa». En la jurisdicción social –que se limita exclusivamente a cuestiones monetarias–, esta directiva «tuvo que reconocer que la amonestación era improcedente».

A raíz de aquellas acusaciones, la empleada pasó un curso entero en blanco por prescripción médica. A la vuelta, su jefa «la confinó en un cuarto» y rebajó sus atribuciones a almacenar y destruir documentación durante un mes. A continuación, ordenó al resto de la plantilla que «ignoraran» a la denunciante. «Les prohibió dirigirse a ella y tener cualquier tipo de contacto en el centro de trabajo». Tampoco pudo atender a la clientela.

Osakidetza ya apreció indicios de «acoso laboral» y de «intimidación encubierta» en una evaluación que realizó a esta subordinada. Ésta abandonó su puesto a mediados de 2021.

En este contexto, la Fiscalía solicita para su exjefa año y medio de prisión y 19.000 euros de indemnización por «acoso en el ámbito de una relación laboral». La acusación particular lo eleva a 3 años de cárcel y 50.000 euros por la circunstancia agravante de «abuso de superioridad».