La lista de espera en las residencias forales de Álava se dispara por encima de los 11 meses

Este supone el peor dato desde el estallido de la pandemia –hace ya un lustro– y supone que si alguien solicita hoy mismo una plaza de tipo asistida tendrá que esperar hasta el 14 de septiembre de 2026. En el caso de ser un equipamiento psicogeriátrico, como es el centro foral Txagorritxu, la dilación es apenas una semana inferior al resto, 337 días.

Se trata de un tiempo medio de espera. Lo habitual es que en las residencias situadas lejos de Vitoria (como pueden ser los casos de Amurrio, Oion o Salvatierra) haya que aguardar mucho menos que en aquellos equipamientos localizados en la capital alavesa. Y es que, si bien hay algunas familias que muestran su disposición absoluta a que sus mayores accedan a cualquier centro de la red, hay otros que exigen hacerlo en aquellos que se encuentran más cerca de su hogar.

Según los datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación –que dirige el jeltzale Gorka Urtaran– al grupo juntero del PP, la espera en 2021 y 2022 rondaba los 200 días, es decir, 28 semanas y media. Desde entonces, y a medida que se ha recuperado la confianza en estos equipamientos para personas mayores y la sociedad ha ido olvidándose de aquellos largos meses en los que el virus campaba a sus anchas, la lista de espera ha ido 'engordando' hasta fijarse en los actuales 343 días.

Hay que tener en cuenta varios aspectos a la hora de analizar estos datos. Uno de ellos es que la residencia riojanoalavesa de Samaniego está en obras desde 2024 –que están a punto de terminar– y todos sus internos tuvieron que repartirse en otros centros, por lo que la capacidad institucional para dar respuesta a la demanda se ha visto condicionada de manera significativa. Otra circunstancia es que la generación del 'baby boom' envejece y su desembarco en los servicios sociales empieza a hacer mella en el sistema. Además, cuando estas personas llegan a esta edad lo hacen en una situación mucho más vulnerable porque –según los últimos datos hechos público– uno de cada trece alaveses ya tiene reconocido algún tipo de discapacidad y las valoraciones se han disparado un 80%.

Ahora mismo hay 294 personas esperando para acceder a un geriátrico. Son las mismas que había en enero y quince más que el pasado mes de abril, cuando estaba compuesta por 279. Pero no se logra rebajar ese nivel. La lista se ordena en función del grado de dependencia y el tiempo que llevan esperando. Cada familia elige previamente cuáles son sus preferencias geográficas y de centro, y eso condiciona cuándo les pueden llamar.

El Gobierno foral no oculta esta situación. En la comunicación a las Juntas a la que ha tenido acceso este periódico, se plantea «incrementar la oferta de plazas de responsabilidad pública» –es decir, aquellas que son concertadas– y por otro lado, «actualizar los protocolos de trabajo para agilizar la asignación y ocupación de las plazas residenciales, algo que se ha comenzado a abordar», recalcan.

Los últimos datos indican que hay 571 personas viviendo en residencias públicas gestionadas por la Diputación (Ajuria, Txagorritxu, Zadorra, Lakua, Amurrio, Llodio y Oion), y 254 en los geriátricos de gestión indirecta Ariznabarra, Arabarren y Pablo Neruda. Pero se cuenta con 271 plazas concertadas en los centros privados IMQ-Igurco, Sanitas-San Martín, Cáser-Alto del Prado, Colisée Miñano, la Purísima Concepción de Zuia, Bernedo, Aretxabaleta (ubicada en Gipuzkoa, pero a donde se destina a los vecinos de la zona más limítrofe) y Alday de Respaldiza.

Ahora, la Administración foral tiene en proyecto la construcción de una nueva residencia público-privada en el barrio de Salburua gestionada por una entidad social. Este nuevo equipamiento se situará en el cruce entre la calle Nadine Gordimer y la Avenida de Bruselas. Contará con alrededor de 120 plazas residenciales y se dividirá en unidades convivenciales para tratar de personalizar la atención y poner barreras a posibles infecciones en el futuro.

La parcela que el Ayuntamiento de Vitoria cedió por los próximos 75 años –el máximo permitido por la ley– a la Diputación cuenta con una superficie de 7.917 metros cuadrados y una capacidad de edificación de 15.834 metros. La Administración foral tendrá que buscar un socio para implantar un sistema público-privado para su construcción y gestión, ya que el propio PP fijó en un acuerdo con el Ejecutivo que obligatoriamente tenía que sacarse a concurso. En un edificio contiguo se instalará un centro para la investigación del envejecimiento y la discapacidad. Un servicio que combinará el punto de vista biológico con el psicológico, social o el tecnológico para tratar de mejorar la calidad de vida de un colectivo que cada vez tiene más capacidad de cumplir años de forma sana.