La huelga de jardineros de Vitoria alcanza el medio año con la solución del conflicto «aún lejana»

«Sabíamos que la huelga iba a ser larga. Tenemos la experiencia de que es una empresa que acumula conflictos laborales de dos en dos y todos se resuelven siempre en un periodo largo de tiempo. Lo primero que nos dice cuando se convoca la huelga es '¿Estáis dispuestos a aguantar entre cuatro y seis meses?'», remarcan fuentes sindicales consultadas por EL CORREO. Aunque, en su caso, creen que el acuerdo sería sencillo si hubiese «voluntad por parte de Enviser de mejorar las condiciones actuales y del Ayuntamiento de cara al nuevo pliego de 2028».

¿Por qué a lo largo de estos seis meses no se ha alcanzado un acuerdo? La única diferencia para suscribir un convenio propio -actualmente rige el estatal- radica en los incrementos salariales que reclama la plantilla y la oferta de Enviser, ya que las mejoras sociales -entre ellas reducir las horas de trabajo- ya se han pactado. El comité de empresa, compuesto por ELA, ESK y LAB, asegura que la mayoría cobra «poco más que el SMI», entre los 1.185 y los 1.275 euros brutos mensuales dependiendo de la categoría. «Cobran 10.000 euros menos y trabajan 100 horas más al año que un jardinero municipal». Y en su petición inicial, que data de mediados del pasado año, reclamaban un incremento de 500 euros al mes.

Una vez que el 26 de marzo se puso en marcha la huelga, los trabajadores se chocaron con esa política de «alargar los conflictos». «No ha habido nunca cadencia de reuniones porque desde el principio se niegan a recibir las reivindicaciones de los trabajadores y ha ido todo a bandazos», lamentan los sindicatos.

Las primeras reuniones se saldaron con ofertas de 25 o 42 euros brutos más al mes. «Broma» o «falta de respeto» fueron algunas de las consideraciones de los empleados a dichas propuestas durante los dos primeros meses de negociación. Un tiempo en el que Espacio Público se fue citando con cada una de las partes para reclamarles flexibilidad para alcanzar un acuerdo y en el que ya advirtió que el Ayuntamiento no puede mejorar el precio del contrato hasta que expire a la conclusión del año 2027.

«La ley marca los márgenes y no podemos modificar unilateralmente un contrato en vigor ni conceder mejoras que desbordan lo previsto en los pliegos. Si lo hiciéramos, estaríamos actuando fuera de la legalidad y comprometiendo el dinero público. No podemos gobernar a golpe de chantaje», asevera Artolazabal.

Precisamente, fue aquel momento cuando desde el Consistorio se abrió la puerta a estudiar «una rescisión pactada del contrato» que no perjudicase legalmente a ninguna de las dos partes. Y, por sorpresa, Enviser recogió el guante y se mostró favorable a esa solución, que también los trabajadores vieron como una buena salida para renegociar sus condiciones. Fue el propio Ayuntamiento, al comprobar la dificultad del proceso y la situación de precariedad en la que iba a quedarse, quien abortó la idea y conminó a las partes a seguir negociando.

Con la llegada del mes de junio, entraron en escena los mediadores del Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco), donde hasta la fecha se han producido hasta seis reuniones infructuosas, la última de ellas la pasada semana.

Con la hierba de los jardines desbocada, las piscinas municipales con un aspecto muy poco apetecible para tumbarse con la toalla y un evento como el Araba Euskaraz trasladado por el mal estado de Olárizu llegó el decreto de servicios mínimos el 16 de junio. Una medida del Departamento de Trabajo del Gobierno vasco que exacerbó aún más los ánimos de los huelguistas, que tuvieron que volver a segar por toda la ciudad.

Ya en julio, fue el propio Ejecutivo autonómico el que tomó cartas en el asunto y Trabajo llamó a una mesa de negociación en su sede de Lakua. Sobre la mesa una oferta única e inamovible: un incremento del 5% este año, dos aumentos del 2% en 2026 y 2027, además de un alza de 2.250 euros en el salario base de cara a 2028.

Enviser, cuya propuesta a tres años recoge un 9% de subida global que ha repartido de diversas formas, aceptó ese texto sin ni siquiera levantarse de la reunión. Incluso internamente la votación en ELA avaló el pacto. Pero los propios trabajadores lo acabaron echando por tierra en una asamblea cargada de tensión la tarde del 8 de julio.

A partir de ahí, de nuevo distanciamiento. En casi tres meses solo dos reuniones, en las que ambas partes evidenciaron sus diferencias. «Hemos rebajado nuestra petición a 360 euros al mes y no es una postura inflexible», remarca la parte social. «La empresa ha hecho tres ofertas sucesivas con una subida salarial del 20%, lo que no pueden pretender es equipararse con el personal funcionario», replica Artolazabal.

¿Y es posible el acuerdo? «Si Enviser y el Ayuntamiento hacen un esfuerzo, no es difícil», dicen los trabajadores. «Si el comité da pasos hacia una salida, sí», argumenta Espacio Público. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. Y la hierba sigue creciendo.