González pide que recaiga «todo el peso de la ley» sobre lo que abusaron de menores tutelados en Álava

Contundente respuesta del diputado general de Álava, Ramiro González, ante la imputación de once adultos por contratar los servicios sexuales de varios menores del centro Sansoheta, dependiente de la Diputación de Álava. «Que las personas responsables paguen por los hechos cometidos y recaiga sobre ellas todo el peso de la ley, todo», subrayó este martes el máximo dirigente foral tras conocer el resultado de la investigación desarrollada en los cuatro últimos años por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria sobre un caso que saltó a la luz pública a finales de 2016 de la mano de EL CORREO.

González reclamó que la investigación acabe con «el total esclarecimiento de los hechos» ocurridos en este equipamiento dependiente de la Administración foral. De hecho, la Diputación está personada como acusación particular en este proceso por el que los acusados –tal y como publicó el sábado este periódico en exclusiva– se enfrentan a cargos como abuso sexual, corrupción de menores, contra la libertad sexual, tenencia de pornografía infantil o contra la salud pública, es decir, drogas. Unas acusaciones que podrían traducirse en penas de hasta catorce años de prisión.

En las próximas semanas, la Fiscalía, las defensas de los investigados y la acusación particular podrán presentar sus recursos y alegaciones. Los cálculos hacen presagiar que el arranque del juicio no llegará hasta 2021. La lista de acusados ha quedado reducida a once adultos, todos hombres, y aunque la trama pudo afectar a más menores bajo el cobijo de la Administración foral, la Justicia ha fijado indicios criminales sólidos sobre tres víctimas, que en el transcurso de la investigación ya han alcanzado la mayoría de edad. Entre quienes deberán responder ante la ley se encuentra un psicólogo especializado en el trato a menores y familias desestructuradas que trabajaba para el Ayuntamiento de Vitoria.