El Gobierno vasco interviene para desbloquear el conflicto de los jardineros en Vitoria

Es la primera vez que el Ejecutivo autonómico interviene de forma directa en estas negociaciones, aunque en junio ya ordenó establecer servicios mínimos y, antes, autorizó que el instrumento de mediación del Consejo de Relaciones Laborales (Preco), órgano dependiente del Gobierno vasco, comenzara a intermediar entre ambas partes. La última reunión en este servicio se produjo esta semana y hay prevista otra para el próximo miércoles. La más reciente duró tres horas, los trabajadores denunciaron «inmovilismo» y reclamaron al Ayuntamiento que «presione» a la empresa «para que se mueva».

Finalmente ese paso no lo dará el Consistorio (que ya intentó sin éxito ese papel desde marzo), sino el área que dirige Torres. En esa próxima cita, el consejero se ha propuesto tratar con ellos los problemas detectados en el cumplimiento de los servicios mínimos, pero también busca facilitar la negociación entre las partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales de los empleados en lucha, así como conseguir que el servicio vuelva a la normalidad.

De forma paralela, y en el plano político, ayer en el debate general de política municipal que encabezó la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE) se refirió en su discurso a este conflicto y llegó a manifestar que esperaba un acuerdo «cuanto antes, en horas». La teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV), también se refirió en su intervención a ese frente abierto, aunque se mostró más cauta. Instó a «dejar trabajar a ambas partes porque aún queda camino por recorrer».

Este viernes los sindicatos ELA, ESK y LAB, que representan a la parte social, han convocado una manifestación a las 18.30 horas desde el museo Artium para escinificar sus reivindicaciones cuando se cumplen tres meses desde el inicio de su parón. Su principal reclamación a Enviser es que la firma mejore sus condiciones salariales, ya que hoy las nóminas que reciben apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI), que ahora ronda los 1.184 euros mensuales. También quieren un convenio propio, pues hasta la fecha son «meros espectadores de lo que se negocia a cientos de kilómetros, sin posibilidad de tener voz propia».