Las diputaciones analizan «pausadamente» cómo adecuar la plusvalía a «los tiempos actuales»

Un cambio que reclaman con urgencia algunos ayuntamientos, al tratarse de una de sus principales vías de ingresos, pero que Gonzalo aseguró que se analizará «pausadamente». «El compromiso entre las diputaciones es que en el órgano de coordinación tributaria (OCT, del que también forma parte el Gobierno vasco) se llegue a configurar dentro del sistema una figura que encaje y dé mayor seguridad jurídica sobre todo a los ayuntamientos, que en primera instancia son quienes establecen este impuesto y genera unos importantísimos recursos para desarrollar sus políticas públicas», reconoció.

«La urgencia del momento no nos permitió realizar los estudios que resultan adecuados, que incluyen la evolución del mercado inmobiliario o qué elementos son los más objetivos para su configuración. Indudablemente creo que el valor catastral o de transmisión va a estar ahí porque son elementos básicos en este impuesto y son los que van a reflejar si se ha producido un incremento, ha habido una plusvalía o se ha registrado un beneficio por el simple transcurso del tiempo», sostuvo Itziar Gonzalo.

Mientras tanto, la titular de Hacienda entiende que la adaptación de urgencia -que es la misma que el Consejo de Ministros fijó para el territorio de régimen común- es suficiente y sirve para que los ayuntamientos no dejen de ingresar. Esta medida cuenta con dos opciones. La primera pasa por conocer el valor catastral de la vivienda en el momento de la venta, y qué porcentaje de esa cuantía corresponde al valor del terreno. Es decir, sin tener en cuenta la construcción, que no tributa. A la diferencia entre el precio de compra y el de venta se aplica el porcentaje del valor catastral del terreno y, sobre esa cifra, el tipo de gravamen que recogen las ordenanzas fiscales municipales. En el caso de Vitoria, el 30%. Por ejemplo, en una transacción con un beneficio de 20.000 euros en una vivienda en la que el valor catastral del terreno supone el 60% del total, se aplicaría ese porcentaje sobre 20.000 y, después, el 30% restante. En ese caso concreto, el pago sería de 3.600 euros.

La segunda opción incorpora una tabla de coeficientes máximos que se aplicará en función del número de años desde que se adquirió la vivienda. Los valores se actualizarán de forma anual. Esa cifra se multiplicará por el valor catastral del terreno de la vivienda y, después, el tipo del 30%. En cifras concretas, si el valor del terreno es de 80.000 euros y el coeficiente del 0,12 para un piso de siete años (no variará en exceso), el tributo ascendería a 2.880 euros. Cada contribuyente podrá elegir la fórmula que le resulte más económica.

La agenda de las Juntas Generales, que desde finales de noviembre prácticamente ha estado acaparada por la tramitación de los presupuestos ha llevado a que la comparecencia de Itziar Gonzalo sobre la plusvalía llegue dos meses y medio después de la sentencia del Tribunal Constitucional y cuando han transcurrido tres semanas desde la aprobación de su adaptación por parte del pleno.