La Diputación de Álava admite que su estructura «está desactualizada» y abre una reflexión
La oposición carga contra el Gabinete foral PNV-PSE y exige explicaciones, mientras el comité muestra «sorpresa»
Pocas horas después de que EL CORREO publicase en exclusiva el demoledor informe sobre las serias deficiencias que arrastra la estructura de la Diputación de Álava ... , el Gobierno foral ha reconocido este mismo viernes que está «desactualizada» y precisa de «cambios y mejoras». Sus portavoces afirman que usarán como «herramienta» esta dura auditoría que reclama que se rompa con su «ineficaz y obsoleto» modelo de gestión, que en un momento incluso compara con un «reino de taifas». «No puede continuar como hasta ahora, está agotado», incide el informe suscrito por la empresa Consultores de Gestión Pública que, además, alerta sobre la ausencia de una configuración funcional, una ineficiente distribución de efectivos, una falsa creencia de organización moderna, una carencia de estrategia a medio-largo plazo y así hasta sumar 16 cuestiones a mejorar en una plantilla de 956 funcionarios.
El Departamento de Administración Foral, que dirige la socialista Cristina González, reconoció ayer que «sabíamos y sabemos» que la Diputación necesita adecuarse a los «cambios sociales, tecnológicos y formativos» que se han registrado en las dos últimas décadas para que la institución llegue a ser «más eficaz y eficiente». Y es que el actual modelo data de 1994 y, desde entonces, Álava ha vivido una gigantesca transformación incluso en su manera de relacionarse con las instituciones.
Unos cambios que llegarán después de dos décadas. «En esta legislatura es el momento de empezar a trabajar con este informe técnico como herramienta para mejorar la estructura de la administración general de la Diputación, hacerla más eficaz y eficiente para que responda mejor a las necesidades de los alaveses», subrayan fuentes del departamento de la primera teniente de diputado general.
En cualquier caso será un trabajo «largo y complejo» que requiere de tiempo y se hará de manera «progresiva» porque se topará con límites legislativos y en cualquier caso «deben de ser negociados y consensuados con la parte social». No será sencillo a la vista de su composición y más en el actual clima preelectoral. La junta de personal (el equivalente al comité de empresa en el sector público) está compuesta ahora mismo por diez representantes de ELA, ocho de LAB, cuatro de UGT y uno de CC OO. Varias de las centrales consultadas coincidieron a la hora de mostrar «sorpresa» porque haya trascendido este «documento interno de trabajo» -se les remitió hace más de un mes- y, por eso, se ha convocado una «reunión de urgencia» para el próximo lunes donde se realizará una valoración conjunta a este respecto.
De hecho, el propio informe -que se ha centrado en las carencias del sistema- plantea textualmente que «los cambios que se vayan introduciendo tienen que ser de forma progresiva de acuerdo con las disponibilidades económicas y los consensos o coaliciones que se vayan consiguiendo».
El ala del PNV en el Ejecutivo foral excusó hacer cualquier tipo de declaración sobre este documento por corresponder a una cartera que desde hace varias legislaturas está en manos del PSE. Sin embargo, los partidos de la oposición también quieren escuchar al diputado general, Ramiro González, en las Juntas Generales así como a Cristina González, quien pidió 'motu proprio' su comparecencia en cuanto tuvo conocimiento de esta publicación. En cualquier caso, les tocará esperar hasta el 1 de marzo, ya que la comisión que controla las competencias de la 'número dos' del gobierno de la provincia se celebró ayer mismo siendo imposible incorporar a última hora este asunto a su orden del día.
«La Diputación tiene un gran equipo humano formado por excelentes profesionales, pero sabíamos y sabemos que su estructura está desactualizada y precisa de cambios y mejoras», subrayan los portavoces de la diputada socialista conscientes del enorme revuelo que ha generado este informe entre los miembros de esta plantilla de 956 funcionarios, en donde no se incluyen entidades forales como el IFBS, que se encarga de las residencias y centros de atención diurna.
Duro lenguaje
El Gobierno foral remitió hace tres semanas este polémico informe a la oposición en las Juntas Generales, aunque más de un grupo lo mantenía ayer en la bandeja de correo electrónico no leído. Los partidos criticaron el duro lenguaje del documento, pero al mismo tiempo mostraron su preocupación por su demoledor diagnóstico y quieren saber hasta qué punto lo comparten los máximos responsables de la administración territorial.
«El informe hace afirmaciones muy duras sobre la organización caótica de la Diputación y no sabemos con qué objetivo se pidió. Álava se enfrenta a grandes retos para los que es imprescindible una organización institucional adecuada y eficaz. En este sentido, creemos que ha llegado el momento de abrir una reflexión sobre su funcionamiento y organización, siempre con la participación de los trabajadores y teniendo en cuenta sus aportaciones», indicó Eva López de Arroyabe, portavoz de EH Bildu en las Juntas, quien remató que «gracias al personal de la Diputación sigue funcionando, a pesar de la irresponsabilidad de sus gobernantes».
«Esta es la confirmación del fracaso de gestión del PNV y PSE, como hemos denunciado en los últimos años. Sus conclusiones encienden todas las alarmas. El resumen es escandaloso y señala directamente a los responsables», consideró Iñaki Oyarzabal, presidente del PP en la provincia. «Se ha generado una estructura ineficiente que perjudica a los alaveses. Pone frente al espejo el desastre de su gestión durante estos años. Es la confirmación y apunta aspectos graves que es preciso revertir de inmediato», añadió el conservador.
«Nos preocupa mucho la gravedad de expresiones como 'reino de taifas' y queremos conocer hasta qué punto responde esto a la realidad actual de la administración», defendió David Rodríguez, representante de Elkarrekin en Juntas.
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