El centro de refugiados de Arana inicia las obras con un sobrecoste de dos millones

Después de unos primeros trabajos de desbroce en diciembre, empleados de la constructora madrileña Seranco, encargada de poner a punto la antigua residencia para recibir a 350 refugiados, ya trabajan sobre el terreno para hacer realidad el proyecto, cuya conclusión está prevista para principios de 2026.

Aunque la empresa no ha ofrecido más detalles sobre sus trabajos, lo que sí es una certeza es que el Ministerio tendrá que pagar más de lo inicialmente previsto. Concretamente, 2,2 millones más. El Ejecutivo y la compañía responsable de estos trabajos pactaron a finales de enero una revisión al alza de los precios de la obra y cerraron un nuevo presupuesto. En vez de los 14 millones de euros reservados en un principio la obra costará 16,2. Así se desprende de un documento firmado en enero para modificar el contrato firmado con Seranco. En ese nuevo acuerdo, las partes explican que hay que cambiar los términos del encargo «por circunstancias sobrevenidas y por la necesidad de realizar trabajos adicionales a los contratados».

También se revisan los plazos para ejecutar las obras. Si inicialmente Seranco se ofreció a acometer las obras en ocho meses para llevarse el contrato, ahora añade seis meses más a los trabajos para reformar la antigua clínica para sumar un total de 14. Responsables del Ministerio y de la empresa rubricaron este encarecimiento de los trabajos -de más de un 15%- en la mañana del 30 de enero.

En paralelo a las obras están los desencuentros políticos. La iniciativa que provocó un encendido debate entre el PNV y el PSE durante la pasada legislatura es ahora bandera de un PP que ha llevado el asunto al Parlamento vasco, a las Juntas Generales y al Ayuntamiento. En este último ámbito, la concejal Marta Alaña interpeló hace dos días al titular de Políticas Sociales, Lucho Royero, por esta cuestión.

La edil de los populares cargó contra el proyecto del Gobierno central por responder a una decisión «unilateral y discrecional» y pidió datos al concejal vitoriano sobre el impacto que va a tener el centro en el Ayuntamiento. Royero repuso que el Consistorio aún no conoce los perfiles que se van a alojar en la clínica Arana y se limitó a señalar que los futuros habitantes del centro de refugiados «contarán con un equipo psicosocial» para su atención y que «se mantiene una comunicación fluida» con el Ejecutivo central. «Es determinante saber qué perfil vamos a tener, porque el impacto de los servicios sociales del Ayuntamiento puede ser brutal», replicó Alaña.

Después de que el PP llevase el tema a las Juntas Generales, la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, indicó que la polémica en torno al centro «es un debate ya superado y que no debería volver a repetirse en un bucle». «La política concerniente a los refugiados tendría que estar por encima de las siglas políticas. No podemos utilizar a estas personas y familias como armas arrojadizas para respaldar los intereses partidistas del PP», insistió la representante de Sánchez en Euskadi, sin referirse a la oposición que también plantea el PNV a esta infraestructura y que evidenció el portavoz de los jeltzales, Iñaki Ruiz de Galarreta, en el legislativo alavés hace dos semanas.