Una residencia vacía en Pobes tras una inversión de un millón de euros

Motivos financieros, judiciales e incluso políticos han empujado a Kie Soziala –compañía con sede en Gernika– a 'tirar la toalla'. Este proyecto «viene acumulando incidencias de todo tipo que afectan sin duda a su normal desarrollo y especialmente a quienes están en riesgo y situación de afrontar importantes inversiones económicas», defienden en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Justificaciones rotundas sobre el papel que, sin embargo, después parece que no son definitivas porque tanto el Ayuntamiento de Ribera Alta como la adjudicataria declaran ahora que mantienen conversaciones para tratar de encauzar la situación. De hecho, el alcalde del municipio, el jeltzale Jesús Berganza, recalca que es un proyecto que «debe echar para adelante» debido a la fuerte inversión –cercana al millón de euros, cofinanciado por el Gobierno vasco y la Diputación– para un municipio que ronda los 800 habitantes.

Pero las posturas parecen muy distanciadas. La idea inicial era que el centro abriese con 26 plazas residenciales y un centro de día, pero se rebajó su autorización a 'vivienda comunitaria' tras la celebración del concurso público y, de esa forma, su capacidad caía hasta un máximo de 14 personas. La gestora reconoce que esa ha sido una de las principales cuestiones que les ha empujado a renunciar al contrato firmado con el Consistorio, que había incoado un expediente de resolución del contrato por el retraso que arrastra la segunda fase de las obras del edificio.

Según el escrito de la empresa, el ruido social ha «influido negativamente en los análisis de viabilidad realizados por la entidad bancaria que debía presentarse» para costear la reforma. Además, hay un procedimiento Contencioso-administrativo interpuesto contra la adjudicación por parte de una de las empresas en concurso.