Drogas en Euskadi

Un alavés pillado con 10 kilos de anfetaminas evita la cárcel porque su juicio tarda 11 años

Uno de los receptores de esos correos de droga era un alavés residente en el Condado de Treviño. Un día de septiembre de aquel 2013, agentes especializados de la Guardia Civil le interceptaron en la localidad vizcaína de Erandio, donde había citado a dos compinches que debían entregarle diez kilogramos de anfetaminas, con un valor en el mercado negro de «400.000 euros». Luego, él se encargaría de distribuir este cargamento por Cantabria y el País Vasco. Es decir, este hombre ocupaba un puesto intermedio en la organización.

Lo que desconocía en aquella fecha es que el instituto armado llevaba meses monitorizando sus movimientos después de que en octubre de 2012, dos miembros de la organización cargaran 496 kilogramos de marihuana en Barcelona y abandonaran su vehículo en la localidad francesa de Pouillon-Les Landes tras ser detectados por la Gendarmería. El valor de la mercancía aprehendida hubiera alcanzado «los 250.000 euros» en las calles.

Así que su recogida de los diez kilos de anfetaminas estuvo controlada en todo momento. El conductor que le entregó el cargamento había cubierto 960 kilómetros de una tacada para desplazarse hasta un chalé en la localidad tarraconense de Torredembarra, cargar los pastillas distribuidos en una decena de paquetes, y darse media vuelta para el País Vasco.

Tras su captura, este antiguo vecino del Condado de Treviño vio cómo registraban su casa. Sacaron numerosas plantas de marihuana, «con un peso neto de 530 gramos y valorado en 2.500 euros». Por ambos ilícitos pasó 7 meses en prisión preventiva. Salió tras depositar 3.000 euros de fianza. Desde entonces ha aguardado el juicio por su actividad delictiva. Durante esos meses se sucedieron las detenciones y las aprehensiones de drogas. Quizá la más curiosa fue un paquete enviado desde Panamá con remite a un hogar del jubilado vizcaíno. En su interior, la Guardia Civil descubrió 990 gramos de cocaína.

La operación policial –sostenida hasta principios de 2014– concluyó con el arresto de diecinueve personas. Se decomisaron 550 kilogramos de marihuana, doce de anfetaminas y algo más de dos de cocaína.

Aunque las ramificaciones llegaban a una docena de localidades diferentes, un juzgado de Castro Urdiales se hizo cargo de la causa. «Era un tema complejo y la vía francesa se demoró muchísimo. Pasaban meses antes de que el juzgado de allí respondiera», alegan fuentes del proceso.

Tanto se demoró el asunto que el juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria se fijó para el pasado 1 de octubre. La Fiscalía, consciente de que los once años de espera debilitaban sobremanera su posición, llegó a un acuerdo con todos los implicados. Al alavés le impusieron dos años de prisión por «un delito contra la salud pública que causa grave daño a la salud» y 120.000 euros de multa. Ahora se ha hecho efectiva la sentencia de conformidad, que le libra oficialmente de volver a prisión al tratarse de una pena menor.

Otro tema será cómo abona la sanción económica impuesta por la Justicia. «Varios de los implicados van a declararse insolventes», avanzan medios de este largo proceso judicial.