El 20,4% de los alumnos de dos años matriculados en Álava es vulnerable

Así se desprende de los datos presentados ayer por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en la comisión del ramo del Parlamento vasco. El Departamento ha analizado 11.969 solicitudes de familias que han inscrito a sus pequeños en el aula de dos años de los centros educativos vascos.

Cuando comenzó el proceso, las familias tuvieron que rellenar un formulario que preguntaba por cuestiones como el número de libros que hay en el hogar, los dispositivos electrónicos, si cuenta con Netflix... El objetivo era determinar el nivel sociocultural de las familias para decidir si sus hijos son considerados o no vulnerables, ya que, al ser tan pequeños -ahora tienen apenas un año- es muy complicado determinar su grado de vulnerabilidad. De hecho, solo 85 han acreditado un diagnóstico médico.

Educación introdujo una serie de relevantes cambios en el proceso de admisión con el objetivo de poner coto, de manera progresiva, a la segregación escolar y a los 'centros-gueto'. Se ha empezado por las aulas de 2 años, por lo que el sistema tardará «entre 10 y 15 años» en ser equitativo.

La novedad importante fue la obligación de los colegios de reservar plazas para esos alumnos vulnerables. El proceso ha provocado un grave enfrentamiento con Ikastolan Elkartea, la federación de ikastolas que agrupa más de 60 centros en Euskadi. Por tener que guardar puestos para este tipo de estudiantes, tuvieron que dejar fuera de sus ikastolas a 47 alumnos que habían solicitado plaza. La patronal amenazó con ocupar los puestos para vulnerables que quedasen libres con alumnos ordinarios y no derivar a sus estudiantes a otros centros. Ayer, Bildarratz zanjó la cuestión: «Quien matricula es el Departamento. Ahí empieza y acaba todo», afirmó.

Hay otro factor que ha afectado a las solicitudes de las familias. Este año, por primera vez, la consejería ha limitado el número de plazas que los centros concertados pueden ofrecer, ya que la sobreoferta es una de las principales causas de la segregación escolar. Se trata de un compromiso recogido en el pacto educativo de abril de 2022 que ha servido de base para el proyecto de ley de Educación.

Estos dos factores -la reserva para vulnerables y el límite de plazas- han provocado que 717 familias no hayan podido matricular a sus hijos en el centro que escogieron como primera opción, frente a 11.252 (el 94,1%) que sí lo han hecho.

6.466 alumnos (el 54%) se han matriculado en la red pública mientras que los 5.503 restantes lo han hecho en la concertada. Los criterios de baremación han derivado 82 alumnos de la concertada a la pública.

Por otro lado, el Departamento ha concedido finalmente la plaza a las 16 familias que solicitaron inscribir a sus pequeños en un centro y se les denegó, a pesar de que ya tenían otros hijos en dicho colegio. También se ha concedido «la plaza deseada» a 9 solicitantes de alumnado con necesidades educativas especiales que no habían conseguido matricular en su primera opción.