Amaya busca piso para no quedarse en la calle

En el calendario de Amaya hay una fecha que le produce pavor. Se trata del domingo 10 de julio, el día en que tendrá que dejar el apartamento de alquiler en el que hoy reside. Por propia voluntad o mediante un desahucio. Y esta vitoriana, que tiene tres hijos a su cargo uno de 20 años, otro de ocho y el más pequeño, con sólo siete, puede acabar viviendo en la calle si no encuentra antes otro piso de alquiler. Poco importa que haya saldado su deuda de 1.100 euros con la empresa que alquila los apartamentos de Portal de Zurbano, o que gracias a las gestiones del colectivo Kaleratzeak Stop haya logrado ayudas económicas que complementan su sueldo. El ultimátum de quien se lo arrienda es tajante. No puede seguir allí.

«Ellos no la ven como una inquilina solvente, prefieren meter en el piso a alguien que les pague sin problemas, y no unas semanas después», denuncia Txomin Lorenzo, integrante de la plataforma antidesahucios. La única concesión de esta promotora fue aplazar el desalojo previsto para el pasado 10 de mayo y darle dos meses de plazo para que se busque una alternativa. El desahucio se paralizó "in extremis" en una complicada negociación con el abogado de la empresa, minutos antes de que el representante de los Juzgados ejecutase la orden. Apenas diez días antes, Amaya recibía por sorpresa la notificación del desalojo. Y para frenarlo, Lorenzo se vio obligado a firmar un documento en el que se comprometía a ayudarle a buscar un nuevo piso.

Ese mismo día Kaleratzeak Stop se puso a trabajar para llevar el caso de Amaya a los servicios sociales del Ayuntamiento. Porque a pesar de que actualmente trabaja y cobra 1.000 euros mensuales, tras pagar los 550 euros del alquiler se ve incapaz de llegar a fin de mes. «Siendo cuatro, para nada llegamos. Hemos tenido que recortar en todo, hasta en alimentación», explica la afectada. A pesar de ello, «siempre he abonado el alquiler, igual con cierto retraso, pero no he acumulado varios meses, aunque me viese limitada para otros gastos», asegura.

Ayudas concedidas

Su situación era tan extrema que, nada más estudiar su caso, las trabajadoras sociales tramitaron una solicitud de Ayudas de Emergencia Social (AES). Desde este mismo mes Amaya recibe dinero para pagar el consumo de luz y agua 90 euros; una tarjeta de 300 para comprar alimentos y otros 250 de ayuda para pagar el alquiler. Esas cantidades le permiten hacer frente sin problemas a las cuotas de su actual apartamento, y en caso de perder el empleo podría percibir la RGI. Pero no es suficiente para la empresa. Aunque tenga ese complemento asegurado, si antes de la fecha límite no consigue otra casa se verá en la calle.

El alivio al resolver sus penurias económicas choca con el miedo a no lograr solucionar esta cuestión. Y, por eso, desde la plataforma antidesahucios buscan a contrarreloj una alternativa. «Lo ideal sería que accediera a un piso de alquiler social de Alokabide, con una renta ajustada a sus ingresos», razona Lorenzo. Pero hasta ahora le ha sido imposible apuntarse a las listas de Etxebide, «porque estaba alquilada en un piso libre», y desde Kaleratzeak Stop piden que se le aplique la reciente Ley de Vivienda, que habla de que a las familias en situación de vulnerabilidad que sean desahuciadas se les incluya directamente en este listado, frente a los cuatro años que se exigen al resto.

Respecto al inminente desahucio, «la empresa ya lo tiene todo hecho judicialmente», insiste el activista. «La empresa quiere que se marche, ya la ha catalogado aunque ahora tenga ese dinero. No hay vuelta atrás», agrega. Por ello, la plataforma apela a la solidaridad para buscar una solución a esta familia mientras pueda optar al alquiler social, y ponen el email stopdesahucios.gasteiz@gmail.com y el teléfono 616385471 a disposición de quien pueda ayudar a ello.