La CEOE prepara propuestas para limitar el derecho de huelga

Las palabras, el pasado miércoles, del presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, reclamando una regulación sobre el derecho de huelga ante «los abusos de los sindicatos», han removido la actualidad política. Ayer, el sucesor de Esperanza Aguirre, acosado por un reguero de protestas en la región -desde la Sanidad a TeleMadrid, pasando por el Metro o los autobuses- reiteró su mensaje, que fue apoyado por la líder de UPyD, Rosa Díez. No recibió, sin embargo, la misma acogida en el seno del Partido Popular, el suyo. Casualidad o no, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reveló ayer que prepara una serie de propuestas sobre el asunto. La Comisión de Diálogo Social de la patronal estudia qué cambios deberían introducirse en el derecho de huelga, según detalló su secretario general, José María Lacasa. En la última reunión de la junta directiva, varios participantes manifestaron la necesidad de «regular de forma más ajustada» algunos aspectos del derecho de huelga.

En concreto, se mencionaron la actuación de los piquetes informativos, los servicios mínimos o la declaración de legalidad. La junta emitió un mandato a la comisión para que analizara el tema y presentara medidas. La Ley de Huelga es una tradicional demanda de los empresarios españoles.

González, que tiene en paro a medio Madrid, abundó ayer en la polémica al asegurar que «el uso abusivo» de las huelgas y las manifestaciones en la comunidad (hasta 2.500 protestas este año) han provocado una pérdida de riqueza de la región del 0,5% del PIB, lo que equivale, añadió el líder popular, a «23.780 puestos de trabajo menos».

Por eso insistió en la necesidad de «abrir una reflexión» al respecto que, desde «un equilibrio», evite los habituales colapsos que se registran en el centro de la capital. Sus palabras llegan en medio de una agria polémica en el sector sanitario madrileño, en el que el goteo de dimisiones de responsables y personal sanitario no cesa. La privatización de 27 centros y seis hospitales, aprobada ayer por la asamblea de Madrid con los únicos votos del PP, provocó la renuncia de más de 150 profesionales, que dimitieron en bloque de las comisiones y juntas técnicas de los hospitales. Otros 120 equipos directivos de los centros de salud -un 44% del total- han abandonado sus responsabilidades en los pasados días. González acusó a los facultativos de perjudicar a los ciudadanos con su actitud -se han cancelado 6.000 intervenciones-. «¿Por qué no les operan? Porque no quieren, así de claro».

La líder de UPyD respaldó la propuesta de González sobre la huelga. «Es una petición histórica y una asignatura pendiente de nuestra democracia que, de vez en cuando, se pone sobre el tapete cuando hay asuntos importantes o huelgas que, objetivamente, generan preocupación entre los ciudadanos», apuntó Díez en declaraciones a Onda Cero. La diputada cargó contra los dos grandes partidos al asegurar que «ninguno» ha querido hacerlo (regular el derecho de huelga) nunca, «aún teniendo la oportunidad».

Desde las filas populares, Antonio Hernando dijo que la «prioridad» del Gobierno en estos momentos no es una Ley de Huelga, ya que, a su juicio, «no sería oportuno» ni tampoco está en su programa electoral. Hernando dijo comprender el «malestar y enfado» de su correligionario Ignacio González ante una huelga, como la de la sanidad, con un «tinte político muy marcado», pero descartó regular el derecho a la huelga.

Desde el PSOE, el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, también descartó introducir modificaciones legales. Para evitar conflictos lo mejor es dialogar, resumió. «Si alquien no quiere que se ejerza el derecho de huelga, lo que debe hacer es llevar a cabo políticas de consenso».