El Gobierno vasco gasta 1,2 millones al año en mejorar la pensión de 75 ex altos cargos

El Gobierno vasco destina 1,2 millones de euros al año a pagar complementos de pensiones a ex altos cargos que ya se han jubilado. Esa cantidad, que equivale al gasto en los salarios del lehendakari y sus diez consejeros durante el presente ejercicio, mejora las prestaciones de la Seguridad Social que ya cobran los beneficiarios y se distribuye entre 75 antiguos responsables del Ejecutivo que han cesado su actividad laboral. Otra solicitud para percibir ese plus se encuentra en tramitación.

La normativa vigente en Euskadi garantiza un generoso régimen de pensiones a los gestores de la Administración autónoma, que pueden cobrar cantidades muy superiores a las que ofrece el sistema público con unas exigencias mucho más livianas que las impuestas a los trabajadores por cuenta ajena. La Ley de Gobierno, aprobada en 1981, establece que los altos cargos -desde el lehendakari a los viceconsejeros- tendrán derecho a acceder, a los 65 años, a una prestación vitalicia equivalente al 50% del sueldo por todos los conceptos que corresponda en ese momento al puesto que ellos ocuparon. Sólo tienen que cumplir un requisito para asegurarse esa cantidad: haber desempeñado el puesto durante «al menos dos años». La cuantía es del 100% para los «imposibilitados física o mentalmente» por accidente o por «riesgo específico» de sus funciones, aunque no hayan cumplido los 65 años ni ejercido como personal de confianza durante dos.

El lehendakari tiene fijada actualmente una retribución anual de 105.425,69 euros, que lleva congelada dos años como consecuencia de la crisis. Los vicelehendakaris -una figura que no existe en el actual Gobierno, pero cuyo salario está establecido en los Presupuestos-, de 98.994,42; los consejeros, de 92.973,30; y los viceconsejeros, de 83.252,61. Los miembros de anteriores ejecutivos que ocuparon esas funciones y cumplen los requisitos que marca la ley perciben la mitad de esas sumas en concepto de pensión.

Tales cifras están, en todos los casos, por encima de la prestación más alta que abona la Seguridad Social: 34.526,80 euros anuales; es decir, 2.466,20 al mes por catorce pagas. Para beneficiarse de ella es necesario haber cotizado por el nivel máximo y durante al menos 35 años.

La Administración abona en este momento a 75 ex altos cargos que ya se han jubilado la diferencia entre la pensión que perciben del sistema público -la máxima legal en la inmensa mayoría de los casos- y la suma que les garantiza la normativa vigente en Euskadi. Su gasto en ese concepto es, a fecha de hoy, de 85.712, 06 euros mensuales -por 14 pagas-, un importe que puede modificarse a corto plazo ya que el Gobierno está actualizando la documentación al respecto y acaba de recibir una nueva solicitud, que cuenta con un informe favorable.

Hasta un 52% más

Los perceptores de esos complementos son un ex lehendakari, dos ex vicelehendakaris, 31 ex consejeros y 42 ex viceconsejeros, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL CORREO. El margen entre la cantidad que tienen garantizada por ley y la prestación máxima de la Seguridad Social oscila entre los 7.000 y los 18.000 euros anuales, aproximadamente, en función del puesto que hayan ocupado. En el caso de los lehendakaris, la mejora respecto a la pensión más alta a la que puede acceder un trabajador supera el 52% y en el de los consejeros roza el 35%. Alrededor de medio centenar de miembros del último Ejecutivo de Juan José Ibarretxe cumplen los requisitos para percibir ese plus cuando se jubilen. A ellos hay que sumar una cifra muy superior de gobiernos anteriores. Los integrantes del actual Gabinete de Patxi López se harán acreedores a ese derecho a partir de mayo de 2011.

El listado de los beneficiarios -nombrados en su momento a propuesta del PNV, EA y PSE- ha ido creciendo de forma paulatina en los últimos ejercicios, conforme responsables de los sucesivos gobiernos que han dirigido Euskadi en las tres últimas décadas se han retirado de la actividad laboral. La relación continuará al alza de forma inexorable en un futuro próximo, lo que obligará a elevar de forma sustancial el dinero que el Ejecutivo debe dedicar a esas prestaciones.

El cambio de la Ley de Gobierno -la que regula este sistema- fue reivindicado por partidos de la oposición en la década de los 80 y los 90 al considerar injustificable el «trato de favor» que reciben los altos cargos respecto a los demás trabajadores. Pero la norma no ha sido modificada ni siquiera cuando el Parlamento aprobó, en diciembre de 1999, el Estatuto del Político Vasco, que endurecía las condiciones para disfrutar del complemento de pensión: exigía tres años de permanencia en el cargo, en vez de dos, y privaba de ese derecho a los ex viceconsejeros. La medida quedó sin efecto al no ser trasladada a la ley, cuya reforma no figura en el calendario legislativo del Ejecutivo socialista para la presente legislatura.