El Tribunal de la Competencia rechaza los límites que pone Bilbao a los pisos turísticos

Mochileros recorren el Casco Viejo, uno de los barrios con mayor concentración de estos pisos./Ignacio Pérez
Mochileros recorren el Casco Viejo, uno de los barrios con mayor concentración de estos pisos. / Ignacio Pérez

La autoridad vasca ultima un estudio del sector que sirva de «guía» a las instituciones para regularlo sin incumplir «requisitos legales»

JOSÉ DOMÍNGUEZ

Los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para frenar la proliferación de los pisos turísticos en Bilbao no convencen a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). Según desvela un informe de este tribunal especializado dependiente del Gobierno vasco, los límites del planeamiento urbanístico vigente de la ciudad y las modificaciones aprobadas con el fin de regular este tipo de alojamiento «no cumplen los requisitos legales». Y, como ha comprobado que la administración local en Donosti –la capital vasca donde más se ha desarrollado esta actividad– también plantea «barreras no justificadas» similares, ha decidido elaborar un estudio jurídico-económico que establezca los parámetros sobre los que se debe apoyar el sector para garantizar su encaje urbanístico y su «libre desarrollo» sin perjudicar a terceros ni transgredir normativas. Las conclusiones de este informe no serán vinculantes, pero pretenden servir de «guía» para que las administraciones puedan adecuar sus planes generales en caso de que fuera necesario.

Así lo subrayó ayer la presidenta de laAVC, Alba Urresola, en la presentación del plan estratégico de esta entidad en la comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco. Según dijo, la redacción de este documento, que estará finalizado antes del verano, ya está en marcha e incluso se han mantenido reuniones con ambos ayuntamientos «para conocer mejor la realidad de cada ciudad y no tomar decisiones desde un aislamiento del mundo de la competencia, sino teniendo una visión de conjunto».

El objetivo del estudio es establecer las pautas para que las normativas municipales erradiquen «barreras de entrada no necesarias ni proporcionales a la realización de cualquier tipo de actividad económica». Porque, a juicio del tribunal, esto es lo que han detectado en el caso de Bilbao. El Ayuntamiento ha justificado la reforma de su planeamiento en este terreno en argumentos de interés general para proteger el entorno urbano y que afectarían desde el orden, seguridad y salud pública a la existencia de «inequívocos impedimentos técnicos». A juicio del tribunal de la competencia, sin embargo, «no existen» esas «razones». Al contrario, insiste en que las «barreras» establecidas por la Administración bilbaína a los pisos turísticos incumplen «los requisitos legales y deben ser removidas».

Potestad de las comunidades

La apuesta de Autoridad Vasca de la Competencia, pasa por permitir el «libre desarrollo» de los pisos y habitaciones turísticas siempre y cuando su actividad no esté prohibida por la Ley de Propiedad Horizontal, «o en los estatutos de la comunidad de propietarios». De hecho, los responsables de este organismo insisten en que son los propios residentes «las entidades más apropiadas para limitar o prohibir la realización de actividades económicas» en sus edificios, sobre todo si generan problemas de ruido o de convivencia. El propio decreto regulador que desarrollará este aspecto de la Ley Vasca de Turismo, en vigor desde agosto desde 2016, incidirá en este punto –su entrada en vigor se espera para marzo–, ya que remarca la potestad de las comunidades para prohibir los pisos turísticos en sus portales si así lo deciden por unanimidad y lo recogen por escrito en sus estatutos.

Una decisión que avala las tesis de los propietarios

La Asociación de Viviendas Turísticas de Bizkaia, Asovitur, defiende una tesis similar a la que ahora esgrime la AVC. El portavoz de este colectivo empresarial, Álvaro Crespo, ha manifestado en varias ocasiones que la regulación aprobada por el Ayuntamiento «limita y restringe la libre competencia y vulnera el derecho de propiedad». Para sus miembros, resulta «legítimo» que una persona destine su vivienda a esta actividad, «un negocio que le va a generar riqueza» y que no resulta molesto para el resto de la vecindad. Así lo corroboran, esgrimen, «los datos ofrecidos por el propio Ayuntamiento»: el año pasado sólo se presentaron nueve quejas por este motivo.

En Bilbao se ofertan más de 1.100 plazas en 300 pisos turísticos. Con todo, en seis meses han sido más de 200 los negocios cerrados. La propia Asovitur ya ha anunciado que recurrirán los ceses que se sigan produciendo. Fuentes municipales declinaron ayer opinar sobre la postura de la AVC y el informe juridico-económico que elabora sobre el sector.

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