El Correo

El Tribunal de Cuentas certifica la nefasta gestión de fondos públicos en Alonsotegi

Los vecinos piden que se «depuren» responsabilidades.
Los vecinos piden que se «depuren» responsabilidades. / L. A. GÓMEZ
  • Censura la adjudicación de obras millonarias sin publicidad ni concurrencia y contratos a dedo a firmas de consejeros de la sociedad Eraikiz sin control municipal

El Tribunal de Cuentas del País Vasco (TCPV) ratificó ayer en su informe definitivo la nefasta gestión de fondos públicos en la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, fundada en 2003, cuando el jeltzale Gabino Martínez de Arenaza dirigía el Ayuntamiento. Dedicada a gestionar promociones de vivienda y otras obras, la entidad funcionó hasta abril de 2011, cuando fue liquidada, dejando a las arcas municipales una deuda que los vecinos elevan a ocho millones y que aún está por desentrañar.

El pleno aprobó la adquisición de los activos y pasivos de la sociedad en contra de los informes de la interventora, que alertó que se desconocían las consecuencias económicas que la decisión tendría para el municipio. Ahora, el organismo que preside el exdiputado general José Luis Bilbao ha aprobado por unanimidad las conclusiones de un informe demoledor solicitado por el pleno de Alonsotegi, las Juntas y el Juzgado de Barakaldo que investiga la supuesta malversación de fondos públicos que realizaron media docena de personas, entre ellos los exregidores Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban (PNV), tras una denuncia de Bildu.

El organismo fiscalizador pone de manifiesto que la sociedad incurrió en varias ilegalidades y destaca el nulo control por parte de los responsables municipales de sus cuentas desde el año 2006. De hecho, la intervención emitió informes de reparo entre ese ejercicio y 2008 ante la «imposibilidad de realizar sus funciones por falta de documentación justificativa». Precisamente, ha llamado la atención de los auditores la adjudicación de contratos millonarios que vulneraron los principios de publicidad y concurrencia que deben regir los concursos.

Se da la circunstancia de que tres de las cuatro grandes obras llevadas a cabo por orden de la extinta sociedad, que costaron unos seis millones, recayeron en Pabisa, de la que era entonces apoderado un conocido empresario con raíces en el pueblo. Por ejemplo, «no consta justificación alguna de las razones por las que se ha producido ni informe que avale» la encomienda de las obras de la plaza Madinabeitia a Pabisa, cuyas cargas de urbanización se trataron de girar a los vecinos de Errota después de que Basaldi, la promotora de las viviendas, introdujera una cláusula en las escrituras. Tampoco «consta» que se diera publicidad al concurso.

La auditoría también pone de manifiesto que el coste de las obras del campo de fútbol, realizadas por la misma firma, se incrementaron en un 64% respecto al importe adjudicado hasta los 1,3 millones, atentando contra la Ley de Contratos Públicos, una norma que también incumplió la construccción de los vestuarios del estadio, que se encareció hasta un 154%. El ambulatorio se adjudicó igualmente sin publicidad a otra empresa, que terminó en concurso de acreedores.

Por otro lado, el tribunal censura que la sociedad vendiera 1.673 metros cuadrados de terreno por 4,3 millones más IVA sin que haya «quedado probado» que se convocase un concurso. La entidad también licitó otra parcela en Soloburu «vulnerando los principios de publicidad y concurrencia, ya que solo anunció en prensa la convocatoria». Además, la adjudicó por 5,4 millones, un importe menor al de tasación de los bienes (5,9 millones).

Licitar terrenos ajenos

El adjudicatario, eso sí, debía realizar un proyecto de nuevo centro de salud y de un parking subterráneo. Lo curioso es que Alonsotegi Eraikiz licitó bienes ajenos, que no pertenecían ni al Ayuntamiento ni a la entidad, además de otros que estaba utilizando Osakidetza, lo que provocó que solo pudiera transmitir una parte de la finca, por 3,5 millones. El tribunal que preside José Luis Bilbao también pone la lupa en los contratos que Alonsotegi Eraikiz adjudicó a firmas de sus propios consejeros. Así, un abogado de Bilbao se adjudicó la gerencia de la sociedad por 712.394 euros. Su compañía se benefició de otros contratos por 214.235 euros.

Otro directivo de Eraikiz (un arquitecto asesor) consiguió encomiendas por valor de 874.226 euros. «Además, realizó proyectos para el adjudicatario de la obra del campo de fútbol, incumpliendo el principio de objetividad, el régimen de incompatibilidades y el deber de abstención por cuanto emitió un informe técnico favorable previo a su contratación», advierte el informe, al que han presentado alegaciones Martínez de Arenaza y Santisteban, además del actual alcalde, que aclara que nadie de su actual Corporación ha formado parte de la sociedad. El TCPV advierte que el informe presentado por Eraikiz no refleja su situación financiera. Detecta «excesos de valoración que supondrían disminuir los fondos propios en 4,1 millones y reducir las deudas en 2,6».

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