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«Llevamos veinte años diciendo que era imposible desarrollar un proyecto urbanístico si teníamos que reservar un 75% del suelo a la vivienda pública», sostiene ... Miguel Salaberri, director general de Jaureguizar. El plan de choque que el Gobierno vasco ha ideado con el objetivo de estimular la construcción, y que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, anunció este miércoles en el 'Fórum Europa', ha sido recibido con satisfacción en un sector que desde hacía tiempo atribuía el «frenazo» de la edificación a los «elevados porcentajes exigidos de VPO». Una obligación que hacía que las promociones «no fueran rentables».
La legislación vigente desde 2006 establece que las constructoras que trabajan en Euskadi tienen que reservar el 75% de los pisos a VPO y el 25% restante a vivienda libre en suelos urbanizables. Sin embargo, la ley de medidas urgentes que el Gobierno vasco registrará en las próximas semanas en el Parlamento para su posterior aprobación, pretende impulsar la construcción rebajando precisamente esas exigencias hasta el 60%. El objetivo es reactivar los proyectos residenciales que los promotores no consideraban hasta ahora rentables.
La medida que permitirá al sector levantar más vivienda libre ha sido calificada de «positiva» por los profesionales. «Es importante porque pone el foco en la escasez de la oferta. Rebajar el porcentaje puede ser un factor para propiciar más VPO. La finalidad no es tener un porcentaje teórico, sino que se levanten más pisos», dice Iñaki Urresti, secretario de la Asociación de Promotores y Constructores de Bizkaia.
Por su lado, Joseba Cedrún, de Construcciones Sukia, cree que el plan «ayudará a construir más», aunque confiesa que el riesgo de inversión en un terreno urbanizable «es mucho más alto». «El mundo del urbanismo es complejo y habrá sectores en los que siga sin ser rentable. Las cargas urbanísticas son costosas, sobre todo en aquellos lugares en los que por ejemplo, hay que descontaminar o edificar puentes, pasarelas... Cada sector es un ente en sí mismo y hay que analizar la viabilidad económica en cada caso», dice.
Los promotores privados, que construyen el 50% de la vivienda protegida de Euskadi, ven con buenos ojos que se rebajen las exigencias de vivienda protegida que están obligados a construir según la Ley del Suelo, pero lo que realmente aplauden es que la Administración pública vaya a aunar esfuerzos para agilizar los permisos y trámites urbanísticos.
El consejero anunció que la intención del Ejecutivo es minimizar los plazos a la mitad estudiando un posible «silencio administrativo positivo» o la emisión de un único informe por institución. «Es importante que no haya duplicidad, que se agilicen las licencias... Si en vez de tardar diez años en desarrollar una operación podemos hacerlo en seis, eso que mejoramos. El problema lo tenemos ahora y la clave está en actuar con celeridad», dice Urresti, que pese a las buenas sensaciones, cree que «hay que esperar a lo que se apruebe para valorar el plan».
¿Llegará esta batería de acciones a solucionar el problema residencial enEuskadi? Salaberri no está tan seguro. «El promotor privado está para ganar dinero y la VPO es complicada. El margen es escaso y sigue siendo poco atractivo», confiesa. Además, considera que dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de rebajar las exigencias de VPO es «incomprensible». «Muchos no lo harán por cuestiones políticas».
¿Y los precios? ¿Bajarán? Tampoco lo tienen claro. Lo que sí sostienen es que el aumento de la oferta va a «estabilizar» los incrementos. «El encarecimiento de costes que sufrimos desde la guerra de Ucrania ha repercutido al precio final de las viviendas. Al subir la oferta, el precio se irá durmiendo», concluye Joseba Cedrún.
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