«Nos da miedo que la gente se quede sin la prestación de vivienda»
La ayuda de la consejería que dirige Iñaki Arriola será la única a partir de abril, cuando desaparecerá la vinculada a la RGI
A. C.
Martes, 26 de marzo 2024, 00:23
El 2 de abril se producirá uno de los principales cambios ligados a la RGI. Este no procede de la modificación normativa del sistema de ... garantía de ingresos, sino de la Ley de Vivienda vasca de 2015, que reconoce el derecho subjetivo a un hogar o, en su lugar, de una prestación (PEV) para pagar el alquiler. En unos días, esa PEV, que gestionará la consejería que dirige Iñaki Arriola, será la única, y desaparecerá la prestación complementaria vinculada a la RGI (PCV), que depende del departamento de Idoia Mendia. Entidades sociales consideran que «se va a generar un problema muy grave» no tanto a las 25.642 personas a las que Lanbide les abona en la actualidad esos 300 euros como a quienes quieran solicitar ese apoyo después.
Sara Buesa, directora de Prestaciones e Inclusión del Servicio Vasco de Empleo, defiende que el derecho subjetivo «es algo positivo, porque tiene un carácter más universal y no solo está destinado a perceptores de RGI». La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi, sin embargo, tiene otra impresión. Ven «problemas» en la gestión, porque «las personas van a cobrar por un lado la RGI y por otro la prestación de vivienda». Y, sobre todo, en el acceso, ya que «los requisitos no son los mismos». «Es necesario llevar cuatro años inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, en la modalidad de arrendamiento, por lo que nos da miedo que mucha gente se pueda quedar fuera», lamenta Alfonso López, portavoz de EAPN Euskadi.
Buesa, en ese sentido, precisa que «se ha trabajado con Vivienda para hacer el traspaso de los perceptores actuales, que van a seguir cobrando y tienen acceso inmediato, para que no haya interrupción» en los ingresos. Pero la prestación vinculada a la RGI tiene una vigencia de dos años, por lo que es cuando termine ese plazo cuando las entidades sociales entienden que los actuales perceptores pueden tener «problemas» porque habrá gente que «no cumpla el requisito de llevar tantos años inscrito». «La de la vivienda es una problemática que las administraciones no están sabiendo atajar; la única fórmula es que las instituciones tengan mucho mercado», defienden.
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