Luz verde a la norma que fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en ESO

En relación con las ratios, el Ejecutivo reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.

Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032. En el próximo curso 2026/2027 entrará en vigor la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs.

Este calendario, lógicamente, dependerá de la aprobación definitiva de la ley, dado que como anteproyecto, la norma se encuentra en una fase preliminar en la que todavía le queda una larga tramitación parlamentaria por delante. De momento, órganos consultivos como el Consejo Escolar del Estado presentarán sus alegaciones antes de que el texto vuelva al Consejo de Ministros para que lo apruebe, ya como proyecto de ley, y comience su debate en el Congreso y en el Senado.

«Existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente. Además, favorece una mayor individualización de la atención educativa, innovación y adaptación vinculada al contexto social y cultural», señala en una nota el Ministerio de Educación, el departamento del que ha partido la propuesta de reforma.

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este anteproyecto de ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.

El anteproyecto, apunta Educación en el comunicado, «refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas».

El texto del anteproyecto de Ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.

Educación está trabajando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.

Este anteproyecto de Ley contempla que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley se desarrollarán recursos como este para esa tipología de centros educativos. Además, el Gobierno establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales.