Polémica por la decisión de Fuengirola de contratar detectives para vigilar las bajas

El Gobierno vasco ha sido claro en su valoración de esta medida. «No contemplamos este tipo de actuaciones», remarcan en el Ejecutivo autonómico, aunque añaden que para luchar contra el absentismo el lehendakari Imanol Pradales «ha llamado en numerosas ocasiones a todas las partes a hablar sin líneas rojas en el marco de las mesas de la negociación colectiva y el diálogo social». En estos escenarios quieren que se abran todos los debates posibles, incluyendo «cuestiones complejas como la mejora de la productividad y la competitividad, la jornada laboral, el SMI o la reducción del absentismo», detallan.

El problema no es ajeno al País Vasco. El territorio sigue liderando la tasa de absentismo en toda España, con una incidencia del 9,1% en el primer trimestre del año, lo que supone un repunte de tres décimas respecto al año pasado y casi dos puntos por encima de la media nacional.

Sin embargo, el absentismo recoge múltiples casuísticas como los permisos de trabajo, los días libres, las huelgas o las bajas temporales por enfermedad. En estas últimas Euskadi vuelve a estar por encima del resto del país. Alcanza un 5,8% frente al 4,1% nacional, según advierte un informe del Instituto Vasco de Competitividad Orkestra, y en el sector público la incidencia es aún mayor. Allí alcanza tasas del 7,4%.

La licitación lanzada por el Ayuntamiento de Fuengirola, que recoge un presupuesto de 18.000 euros para un plazo de un año, ha puesto en alerta a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que defiende «la competencia exclusiva del personal médico para determinar las situaciones de incapacidad temporal» y que alerta de cómo este tipo de prácticas invitan a generar un clima de desconfianza y a eludir las obligaciones preventivas de la administración.

El sindicato advierte que el seguimiento domiciliario o en los lugares frecuentados por el trabajador «puede suponer una intromisión legítima en su derecho a la intimidad personal y familiar», y ha recordado que «ni el Ayuntamiento ni ninguna entidad privada contratada por la Administración tiene competencia para cuestionar la valoración médica ni para determinar la situación de incapacidad laboral de un trabajador».

A la caza de incongruencias

El contrato publicado por Fuengirola la semana pasada recoge no sólo el seguimiento de un posible fraude en estos escenarios, sino también en domicilios alternativos o en actividades detectadas a través de las redes sociales. Se trata de una herramienta que quiere utilizar en aquellas situaciones en las que existan indicios claros de sospecha, fruto de las incongruencias entre las limitaciones alegadas y la vida que desarrolla el empleado.

«El uso de detectives privados no resuelve el origen del problema, sino que desplaza la responsabilidad hacia la plantilla generando un clima de desconfianza», alegan en el CSIF, que teme que estas prácticas termine generando un efecto disuasorio en las plantillas a la hora de ejercer su legítimo derecho a la incapacidad temporal, agravando posibles problemas de salud, fruto del «miedo o inseguridad» a ser vigilados.