La Ertzaintza «aparca» el plan de 6 millones para blindar la ciberseguridad de las patrullas

Tres años después de aquel anuncio, el proyecto de la ciberseguridad para los vehículos lleva «varios meses aparcado», según ha podido confirmar EL CORREO en diversas fuentes. En principio la idea era destinar a esta instalación a varios ertzainas e informáticos. Pero lo cierto es que en los laboratorios que se instalaron en Erandio «no hay actividad» y «sólo hay dos mecánicos» asignados a una instalación que antes ocupaban los trabajadores del área de comunicaciones. Tampoco hay rastro de esta iniciativa en las páginas oficiales del Gobierno vasco y de Cyberzaintza, la agencia pública encargada a nivel general de la ciberseguridad y que, según su propia definición, «cuenta con las herramientas y recursos necesarios para afrontar de manera global los riesgos en el ámbito de la ciberseguridad de Euskadi, con especial atención a la protección de las infraestructuras sensibles y de la ciudadanía y empresas, a través de la sensibilización constante y de la capacitación para su autoprotección».

Lo cierto es que el proyecto de la ciberseguridad de los vehículos también se encuentra detrás de las graves controversias que han surgido en los últimos tiempos en el área de Recursos Generales del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que dirige Jose Gómez Ainz. Hace un par de meses el jefe de división del parque móvil, un histórico afiliado del PNV, fue cesado de manera fulminante cuando apenas le faltaban cinco meses para jubilarse. Desde este unidad se han redactado diversos informes alertando de supuestos incumplimientos de la empresa adjudicataria.

Las fuentes conocedoras del proyecto insisten en que nadie sabe qué va a ocurrir con esta millonaria inversión. Las dudas se centran en su utilidad real y, sobre todo, si vale los millones de euros pagados. La empresa encargada de desarrollar esta iniciativa termina su contrato el próximo diciembre y ahora está enfrentada con el Ejecutivo por unos cursos de formación (de unos 180.000 euros) que la administración se niega a pagar al considerar que se han incumplido varios puntos del acuerdo y que pueden acabar en un pleito judicial. Eurocybcar no ha querido realizar comentarios, más allá de insistir en que el contrato con el Gobierno vasco finaliza en diciembre (a pesar de que la instalación está ya terminada) e insistir en que los términos del pacto son «secretos».

Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco se limitaron a señalar que el proyecto «se ha desarrollado» y que «hoy en día se está finiquitando». También afirmaron que al Ejecutivo «no le consta ninguna demanda» de la empresa.

En la Ertzaintza prácticamente nadie sabía de este proyecto. Más allá de algunas pruebas puntuales, no hay constancia de que los vehículos policiales hayan sido sometidos a ningún tipo de medida para detectar sus vulnerabilidades a nivel de «ciberseguridad» y, sobre todo, que se hayan articulado dispositivos para corregir las posibles debilidades. Diversas fuentes consideran que, en estas circunstancias, este proyecto es lo que se define como 'vaporware', las iniciativas que nunca llegan a prosperar después de haber sido anunciadas públicamente.

Lo cierto es que el contrato con Eurocybcar fue objeto de controversia desde el primer momento. A preguntas de EH Bildu, el Gobierno vasco justificó la adjudicación 'a dedo' del contrato fundamentalmente con dos argumentos. Por un lado mencionó en el carácter reservado de la operación al tratarse de medidas de seguridad. Y también insistió en que esta compañía tenía la patente para poder desarrollar este sistema. Este periódico ha comprobado que la firma solicitó de forma oficial la patente en 2019, pero que todavía hoy sigue sin ser concedida por las oficinas europeas y española de patentes. La empresa, en todo caso, anunció que el pasado mayo consiguió patentar en Estados Unidos el «sistema para la inspección, evaluación y diagnóstico del nivel de ciberseguridad del vehículo». Sin embargo, fuentes especializadas apuntan que las patentes americanas no son válidas a nivel legal en Europa.

Los contratos «negociados sin publicidad» son una figura criticada por los tribunales de cuentas. En este caso, además, también se ha sumado otro asunto que arroja dudas en la oposición: la empresa contrató en 2020 al que fue director de la SPRI, Alex Arriola. Se trata de un hecho relevante en la medida en la que la agencia vasca de desarrollo empresarial concedió en 2019 el primer contrato de unos 16.000 euros a esta empresa -test de ciberseguridad de vehículos oficiales del Gobierno vasco- cuando Arriola estaba al frente del organismo público. Según algunas fuentes Arriola salió pronto de la fima. Desde su entorno no quisieron realizar comentarios.