Los profesores contratados superan por primera vez a los funcionarios en la UPV

Este 'sorpasso' sucedió a finales del pasado año y supone todo un hito. Por varias razones. La primera es normativa. La ley universitaria estatal (LOSU) establece que «el profesorado funcionario será mayoritario» en la plantilla docente, algo que la Universidad vasca no cumple, aunque no es la única.

Según un estudio de CC OO, el sindicato mayoritario entre los profesores funcionarios, esta situación conlleva «graves consecuencias». Además del «incumplimiento» de la ley básica, la central asegura que se «limita la autonomía universitaria» y se «amenaza» la libertad de cátedra. Al estar blindada su plaza, un funcionario no puede ser despedido por motivos ideológicos. De esta manera, denuncia el sindicato, la UPV/EHU se encamina hacia la «privatización». «¿Qué diferencia una universidad privada de una pública si la mayoría de su personal tiene una relación laboral?», se preguntan fuentes del sindicato.

Efren Areskurrinaga, vicerrector de Personal Docente e Investigador, señala que esta hoja de ruta se debe a que «la normativa universitaria estatal nos parece limitante para el desarrollo óptimo de las políticas de contratación propias que necesitan la UPV/EHU y la sociedad vasca». Algunas de esas necesidades son la mejora de las condiciones laborales «tanto retributivas como de estabilización del personal» o «el impulso de líneas en euskera».

En cualquier caso, añade Areskurrinaga, «no se han puesto trabas a la carrera funcionarial» y asegura que «se está facilitando el paso de figuras laborales a figuras funcionariales del personal que así lo desea». Explica que la situación de «minoría funcionarial», obedece, sobre todo, «a razones demográficas» (ha habido jubilaciones de generaciones completas), «agudizadas puntualmente por una mayor exigencia para el logro de las acreditaciones funcionariales de titular y catedrático».

Fuentes académicas recuerdan que en la década de los 90 cientos de docentes asociados fueron despedidos por negarse a pasar por lo que consideraban unas «oposiciones españolas» para lograr una plaza fija. Reclamaban crear la figura del profesorado propio del País Vasco, algo que sucedió con la aprobación de la Ley del Sistema Universitario vasco, en 2007. Desde entonces, la proporción de profesores laborales no ha dejado de crecer hasta sobrepasar ahora a los funcionarios.

En todo este asunto hay otra derivada y es lo que CC OO define como «deterioro de la excelencia académica». Para ser profesor permanente, primero hay que conseguir una acreditación y luego esperar a que la universidad saque plazas a concurso. En el caso de los catedráticos y titulares, quien otorga esas acreditaciones es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, adscrita al Ministerio de Universidades. En el caso de los plenos y agregados, es la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq), que depende del Gobierno vasco.

Los criterios de ambas agencias son muy diferentes. Por ejemplo, para ser catedrático se exige una antigüedad de ocho años como doctor, nueve meses de movilidad obligatoria (estancias de investigación), publicaciones en revistas de alto impacto, haber participado en tareas de gestión universitaria, cuatro sexenios de investigación...

Todas estas exigencias son más laxas en Unibasq. No se exige una antigüedad mínima como doctor, no se requieren estancias en el extranjero, la participación en gestión académica es un mérito pero no un requisito, no se especifica un número mínimo de sexenios de investigación... Lo mismo sucede al comparar los requisitos para ser titular universitario y profesor agregado. Pese a estas diferencias, ambas figuras cobran sueldos muy similares en la UPV/EHU, por lo que los incentivos para ser funcionario «son escasos», lamenta CC OO. Esto se traduce en que desde 2015 se ha reducido el número de cátedras en un 22%.

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