La jueza rechaza la demanda de ELA que reclamaba 240.000 euros a Educación
El sindicato denunció daños morales y la vulneración del derecho a la huelga de los docentes del colegio concertado Jesús María
El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao ha desestimado la demanda del sindicato ELA en la que reclamaba 240.000 euros por daños morales y por vulnerar el derecho a la huelga y a la libertad sindical de los docentes del colegio concertado Jesús María. La central sindical había denunciado al Departamento de Educación; a la Fundación Bidaide, titular del centro; y a otros 23 colegios que matricularon alumnado de Jesús María.
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Los gestores del centro decidieron a principios de año fusionarse con Jesuitinas, otro colegio concertado de Bilbao. Ante la perspectiva de que se produjeran despidos, la plantilla de Jesús María comenzó una huelga indefinida que paralizó la actividad escolar durante tres meses y tensó la relación entre docentes y familias. Muchas de las cuales, además, rechazaban la fusión.
Al final el proceso descarriló porque Jesuitinas decidió de forma unilateral cancelar la fusión. En este contexto, y viendo que el alumnado perdía semanas de clase, Educación autorizó a las familias que lo solicitaron a cambiar de colegio en medio del trimestre. Casi dos centenares de menores fueron reubicados en otros centros.
ELA, que tenía el control del comité de empresa, considera que al perder alumnado el colegio se vulneró el derecho a huelga de sus afiliados. Exigía 120.000 euros para los trabajadores y otros tantos para el propio sindicato en concepto de daños morales. En una sentencia del pasado día 15 a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza rechaza la demanda porque «en modo alguno se aprecia se haya vaciado de contenido el derecho de huelga». La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Señala la magistrada que el de la educación es un «derecho fundamental» que «debe ser garantizado». Considera que el departamento que lidera Begoña Pedrosa actuó de forma correcta porque la normativa permite la matriculación del alumnado fuera del plazo ordinario si concurre algún «supuesto extraordinario». Cree que así sucedió, toda vez que el objetivo de la medida fue «garantizar el derecho a la educación». Recuerda, además, que la iniciativa de cambiar de centro fue de las familias y no del Gobierno vasco.
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«Proporcionalidad»
Por todo ello, la jueza avala el traslado de los menores «ante la duración» de la huelga «y las previsiones desfavorables para el curso escolar siguiente». También afirma la sentencia que «ninguno» de los centros educativos demandados «ha llevado a cabo actuación vulneradora del derecho de huelga señalado».
ELA censuraba la «complicidad» de los colegios en el traslado de los alumnos y les acusaba de practicar «esquirolaje externo» por admitirlos a mitad de curso. Los centros, sin embargo, argumentaban que se limitaron a gestionar las matriculaciones que les llegaron y que es el departamento quien, en todo caso, las autorizó.
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La sentencia también considera que al ejercer la huelga «ha de existir una proporcionalidad y unos sacrificios mutuos». Sin embargo, «estos sacrificios se han producido evidentemente para la Fundación Bidaide con las matriculaciones de alumnos en otros centro y su propio cierre». Jesús María se vio forzado a cerrar sus puertas en agosto tras 67 años de trayectoria académica en Bilbao y la Fundación, que también gestionaba otro colegio en Álava, ha entrado en concurso de acreedores.
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