Uno de cada cuatro profesores ha sido víctima de una agresión física o verbal

Son algunos datos que se desprenden del Barómetro Internacional de la Salud y del Bienestar del Personal de la Educación. Se trata de una macroencuesta llevada a cabo en once países con 26.000 docentes, fundamentalmente mujeres de la red pública, aunque el cuestionario también se envió a centros privados. Los responsables de CC OO, que ha participado en la elaboración del informe, han presentado este martes en Bilbao sus principales conclusiones.

La salud mental de la población en general se ha deteriorado de forma notable tras la pandemia. Y la escuela no es ajena a este contexto. Así las cosas, el 40% de los docentes presenta síntomas de ansiedad o depresión. Son varios los factores que influyen en este estado de ánimo: las condiciones de trabajo, la salud física y mental, los problemas de conciliación, el impacto de las herramientas digitales...

Entre otras cuestiones, los profesores consultados señalan la falta de promoción laboral (en general, los docentes no ascienden de puesto) como una de las razones que les afectan negativamente y les hacen sentirse poco valorados. Así lo indican el 73% de los consultados. El 50% también está insatisfecho por las dificultades para conciliar el trabajo y su vida personal. Y otro elemento importante que señala la mayoría de profesores es la «falta de reconocimiento social» a su profesión.

En este punto, cobra especial relevancia un dato: el 25% de los profesores ha sufrido agresiones. Algunas son físicas, sobre todo si vienen de parte de los alumnos. Otras son de tipo verbal: insultos, humillaciones, gritos... y provienen tanto de los estudiantes como de las familias y otras personas ajenas al centro. «Es muy preocupante», ha señalado Cuqui Vera, secretaria de internacional del sindicato.

Si bien el estudio se centra en los trabajadores, quienes han elaborado el informe no se olvidan del aumento de los cuadros de ansiedad, depresión o estrés entre los alumnos tras la crisis sanitaria del covid. Encarnación Pizarro, secretaria de salud laboral de CC OO, ha planteado una serie de medidas que, a su juicio, ayudarían a garantizar la salud mental de los menores.

Entre ellas, ha mencionado la necesidad de que haya más perfiles profesionales aparte de los docentes en los centros educativos (para la orientación, la salud mental, la atención a la diversidad...); bajar las ratios («con 33 alumnos es difícil detectar problemas», ha señalado); reducir la burocracia; compromisos para rebajar la carga de trabajo y garantizar la desconexión digital; o el refuerzo de los servicios públicos, como la atención primaria en hospitales y ambulatorios.

Además, CC OO aboga por elaborar programas a nivel estatal para prevenir el acoso escolar y sensibilizar sobre la violencia de género y la salud mental entre los adolescentes. También plantea tener en cuenta el papel de las redes sociales. «Su uso intensivo en el ocio afecta de manera negativa y provoca aislamiento y sobreexposición de los menores», ha indicado Pizarro. Para ello, pide elaborar planes «coordinados» entre comunidades autónomas y que no se utilice la legislación como medio de oposición, como hacen «algunas comunidades autónomas». «Es un tema grave y hay que coordinarse».

Por otro lado, Pizarro ha hecho un llamamiento para que haya un «compromiso social» con la conciliación, de manera que «los niños no estén en la escuela como si fuese un parking. Si las familias no pasan tiempo con sus hijos no podrán detectar si algo va mal, y los hijos también necesitan pasar tiempo con sus padres», ha afirmado. Para ello, ve necesario negociar con las empresas para adecuar los horarios laborales.

Por último, el director de la Fundación 1º de Mayo, Pablo García de Vicuña, ha presentado otro informe, 'La salud mental en la educación', que aborda desde una perspectiva cualitativa distintos puntos de vista: profesional, del alumnado, sindical, familiar y de las administraciones. Y apela a no descargar toda la problemática sobre los hombros de los profesores, que no siempre tienen la formación adecuada para atender los problemas de salud mental y, además, tienen un «exceso de responsabilidad» en estas cuestiones.