El Ararteko pide proteger a los ciudadanos que denuncien delitos ambientales

La propia Unión Europea, a través de una directiva aprobada el pasado octubre, incide en la «protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, desde la corrupción a los temas medioambientales», según subraya Lezertua. Y, para facilitar esta colaboración ciudadana y «prevenir presiones», la propia normativa europea «contempla favorecer el anonimato». Porque, recuerdan desde su oficina, a veces «si no se denuncia no se inspecciona».

El Ararteko, por tanto, remarca que el marco legal «ya existe» pero, aunque es consciente de que el propio ordenamiento comunitario da un margen de dos años para su implantación, el texto de la ley vasca no incluye de forma expresa la figura del denunciante ambiental. «Es una gran oportunidad para adelantarnos y regular de forma específica su estatus jurídico dotándola de un procedimiento más garantista».

La norma sí recoge criterios más generalistas como el de 'Acción pública', que permite a cualquier persona física o jurídica participar en un expediente abierto tras una inspección. Incluso contempla el «principio de una buena Administración pública». Pero, insiste, no aborda los derechos del particular, o al menos, «una serie de pautas a seguir ante las denuncias sobre episodios de contaminación».

Entre estas recomendaciones, Manu Lezertua incluye la «obligación de acuse de recibo de los escritos que se presenten, su impulso de oficio y el deber de responder de forma expresa a las cuestiones planteadas». Es más, se «debe informar a las personas de los derechos que pueden ejercitar con su pretensión». Y, en ese sentido, recuerda a la Administración que no puede dejar caer en saco roto una denuncia ambiental, sino que tiene que analizarla y decidir la posible apertura de un expediente sancionador. Y, por supuesto, informar de todo ello en tiempo y forma a la persona que le ha puesto sobre la pista.

Las aportaciones propuestas por el Ararteko a la legislación ambiental vasca inciden, en cualquier caso, en pedir a las diversas instituciones un mayor esfuerzo a la hora de informar a la ciudadanía sobre sus actuaciones en esta materia. Así, invita a sus redactores a «realizar una reflexión sobre el interés público» de incluir entre las obligaciones de difusión que contempla la norma «el conjunto de informes de inspección ambiental». Por ejemplo, «las actas de vertidos no autorizados», o la información que elaboran los ayuntamientos dentro de sus competencias, como las licencias de actividad, «al menos de aquellas que generen una mayor impacto social». También molestas, «como bares o discotecas».