El Supremo paraliza la medida clave para que Osakidetza contrate médicos extranjeros

Dentro del proceso de traspasos pendientes para culminar el Estatuto de Gernika, los gobiernos vasco y central suscribieron en vísperas de la campaña de las autonómicas un paquete de tres transferencias: Cercanías, acogida de refugiados y la convalidación y homologación de títulos universitarios extranjeros. Este último movimiento hizo saltar las alarmas en organizaciones como el Consejo General de Colegios de Médicos y el de Dentistas, que denunciaban que «podría poner en peligro el principio de equidad, pues habría territorios con acceso estricto y otros con acceso más flexible» a ese trámite.

Su recurso ante el Tribunal Supremo fue admitido a trámite a finales de junio y ahora ha servido para detener el proceso, una medida que solicitaban los propios impulsores del amparo. Apenas tres semanas después de que entrara en vigor, la Justicia paraliza la validez del traspaso mientras estudia su legalidad. Al menos hasta ahora, esta competencia era exclusiva del Gobierno central, que gestiona los trámites a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Euskadi pasaba a ser ahora la primera y única comunidad autónoma en poder hacerlo por su cuenta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que «la variedad creciente de titulaciones y la extraordinaria movilidad que se produce en nuestros días, en que cada vez más españoles estudian en el extranjero y más extranjeros aspiran a la homologación o al reconocimiento en España de los títulos universitarios obtenidos en sus países o en otros distintos al nuestro, aconsejan extremar todas las cautelas». El Supremo subraya «la trascendencia para los intereses públicos generales» e interpreta que la suspensión cautelar tendrá «muy escasa incidencia» porque las primeras resoluciones no se preveían hasta dentro de diez meses y «antes de llegar a ese momento, ya habremos dictado sentencia».

A día de hoy, en el buzón del Gobierno vasco se acumulan hasta 200 solicitudes para la homologación de títulos extranjeros y la prioridad es que esta decisión judicial «no paralice los proyectos de esas 200 personas que quieren desarrollarse profesionalmente en Euskadi». Fuentes del Ejecutivo autonómico subrayan que es una competencia «legalmente asumida por las instituciones vascas», rebaten los argumentos esgrimidos por el Supremo por no ser «los más adecuados» y reclaman que si se trata de una cuestión competencial sea el Tribunal Constitucional quien dictamine.

En puridad, el traspaso ya nacía algo cojo con independencia de su posterior recorrido en los tribunales. El Gobierno vasco lo había priorizado para poder acelerar la contratación de médicos extranjeros en un contexto de falta de facultativos, pero lo cierto es que el cambio de manos no era completo. Y es que el Ejecutivo autonómico podría convalidar las licenciaturas en Medicina, pero el reconocimiento de la especialidad –algo obligatorio para poder ejercer en el Sistema Nacional de Salud– seguiría dependiendo de la Administración central; en este caso, del Ministerio de Sanidad.

El proceso de por sí tampoco se prevía sencillo ni rápido. Además de no contar con una ventanilla única, se debía seguir una tramitación larga. Un comité integrado por especialista en Ciencias de la Salud valoraría cada caso y comprobaría el programa formativo seguido por el solicitante para ver si es equivalente con el que se imparte en España. No en vano, en algunas especialidades es bastante diferente. Por poner un ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud la residencia para instruirse en la especialidad de Medicina Interna dura cinco años, mientras que en Venezuela se reduce a sólo tres.

Este es uno de los motivos por los que la mayoría de solicitudes de reconocimiento no llegan a buen puerto. El otro es la falta de toda la documentación exigida. En 2023, el Ministerio de Sanidad resolvió un total de 1.030 peticiones de reconocimiento de la especialidad médica. De entre ellas, 801 –es decir, el 78%– se desestimaron y apenas 229 obtuvieron la credencial para ejercer en España, según datos facilitados por el Gobierno central. Esta situación ha suscitado protestas por parte de médicos extranjeros que viven aquí, especialmente latinoamericanos, que claman contra el «abuso burocrático» y piden un proceso «justo».