El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa

Los populares han pedido que declaren también el próximo 20 de noviembre el extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, y una semana después el expresidente y actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Ambos están detrás de la asociación que organizó un crowdfunding para la financiación de la campaña a las primarias de Sánchez que le auparon a la secretaría general del PSOE y que el presidente del Gobierno dijo en su comparecencia hace dos semanas ante la comisión que «no recordaba» si dicha financiación procedía del negocio de saunas de su suegro. «Esperamos que ellos pongan luz donde el presidente del Gobierno puso silencio. Y si no lo hacen -avisó García-, su amnesia será la prueba de que el olvido forma parte del sistema de obstruir a la investigación».

La portavoz del PP avanzó también que el Pleno de la próxima semana aprobará un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso por «bloquear» y «secuestrar» las proposiciones de ley que se aprueban en el Senado, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional. «El Senado es tan legítimo como el Congreso, intentar silenciarlo es negar la democracia. Cumpliremos con nuestro deber: defender el mandato popular y liberar las leyes secuestradas», argumentó García.

La medida fue anunciada a finales de septiembre por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el bloqueo sistemático del Congreso de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, en manos de los populares, «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde que comenzase la legislatura, la Cámara alta ha aprobado 31 leyes a propuesta de los populares. Diecisiete de ellas contaron con el respaldo de otros grupos parlamentarios, por lo que, de repetirse ese mismo esquema de votación en la Cámara baja, las leyes propuestas por los populares saldrían adelante. «Hoy España podría ser distinta», aseguró García porque «los okupas serían desalojados en 24 horas; el Estado de derecho estaría fortalecido reforzando a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Justicia; los españoles pagarían menos impuestos o las familias -explicó- podrían conciliar mejor».