Sánchez pacta con ERC una quita de 17.000 millones de deuda catalana y el PP se rebela
Feijóo y los gobiernos autonómicos liderados por los populares rechazan beneficiarse también de esta condonación
C. Cándido / M. E. Alonso / C. Reino
Martes, 25 de febrero 2025, 00:51
Casi 16 meses después de haber encauzado el apoyo de Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo que comprometía al Estado a ... condonar un 20% -15.000 millones- de la deuda contraída por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (el FLA), desplegado en 2012 bajo mandato de Mariano Rajoy para hacer frente a la debacle financiera, el Gobierno y los de Oriol Junqueras sellaron ayer la ejecución de esa promesa. Lo hicieron en un momento delicado para el Ejecutivo. Este, de hecho, sembró el terreno con una reunión el sábado de Junqueras con el president Illa y dejó que ayer, mientras Junts resolvía qué hacer con el debate de la cuestión de confianza de Sánchez -la acabó retirando-, fuera el presidente de los republicanos el que anunciara el acuerdo. Un pacto que, en todo caso, se proyecta sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para mañana con las comunidades del régimen común -no estarán presentes ni Euskadi ni Navarra por su foraliddad-.
El trato ha elevado dos puntos más la cuantía firmada para la investidura de Sánchez -será el 22%, hasta alcanzar los 17.100 millones- y cuya gestación ha enervado al PP y a sus gobiernos autonómicos, con Andalucía y Madrid al frente, hasta el punto de negarse a «mutualizar» lo que solo es, a su juicio, otra contraprestación de Sánchez a los independentistas con «dinero de todos».
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El Gobierno central complementó el anuncio de Junqueras con una comparecencia sobre la marcha de la vicepresidenta, ministra de Hacienda y ahora nueva líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para poner cifra al compromiso paralelo que adquirió el Ejecutivo en su momento cuando rubricó la alianza con Esquerra: que la quita se haría extensiva a todas las comunidades. Montero cuantificó la deuda que la Administración del Estado está dispuesta a hacer suya en 83.252 millones, incluidos los 17.000 de Cataluña. Así lo trasladará mañana al CPFF. «Con menos deuda hay menos intereses que pagar y más recursos para el Estado del bienestar», quiso enfatizar la vicepresidenta socialista, quien atribuyó a criterios técnicos que la condonación catalana se incremente 2.000 millones sobre lo previsto.
El ministerio envió ayer a las comunidades la metodología empleada para el cálculo de la quita por territorio, que se tramitará como ley orgánica y que, en consecuencia, deberá recabar el apoyo del Congreso, aunque Montero confió en que se pueda aprobar antes de final de año. Junqueras anticipó el rechazo del PP y Vox y, también, que «no encontrarán ningún aliado adicional». El líder de Esquerra se afanó en un difícil equilibrio. Por una parte, atribuyó el FLA a un mal diseño de la financiación autonómica que, en el caso de Cataluña, su partido pretende encauzar con el modelo «singular» -una fiscalidad propia a la vasca- pactado en julio con los socialistas para investir a Illa y que levanta ampollas en las comunidades gobernadas por el PP -la mayoría-, pero también en dos territorios con presidente del PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias). Y, al tiempo, Junqueras vino a defender que la condonación general que se planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana puede redundar en un bien común, beneficiando a autonomías infrafinanciadas como la de Emiliano García-Page, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, estas dos últimas en manos populares.
Andalucía será la que obtenga mayor ventaja por la quita en términos brutos, con 18.791 millones, por delante de Cataluña, la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644). Sin embargo, en términos de población ajustada y según la metodología diseñada por Hacienda, será la autonomía encabezada ahora por Carlos Mazón la que se beneficie de una mayor condonación por habitante (2.284 euros). El Gobierno asumirá un 19% de la deuda viva de las comunidades a 31 de diciembre de 2022 con el objetivo de evitar «sentimientos de agravio». Pero Montero no se ahorró un reproche retrospectivo: «Partimos de una premisa clara, que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera gobernada por el PP no fue la adecuada y supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas».
«No desaparece, se mutualiza»
Ni la dirección nacional del PP ni sus comunidades asumen los argumentos de Hacienda. Sin embargo, la condonación de la deuda es lo suficientemente golosa como para que el Gobierno intente jugar al 'divide y vencerás', que los populares cortocircuitaron en septiembre con cierre de filas en torno a una posición común: 'no' en bloque a una quita que -en palabras ayer de Feijóo- «premie la mala gestión, los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas». «La deuda no desaparece, es un cambio contable, se sigue debiendo. Lo que se hace es mutualizarla», argumentó hace unos días el portavoz económico, el también andaluz Juan Bravo.
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