El Gobierno vasco analizará los efectos de la medida sobre el Concierto

Así es como lo reiteraron ayer fuentes del departamento de Hacienda a EL CORREO, que insistieron en que «analizaremos los efectos que pueda tener en el régimen del Concierto Económico para acordar lo que proceda». La financiación de las administraciones de Euskadi depende en exclusiva de la recaudación de las diputaciones, que han de afrontar, además, el pago del Cupo por los servicios que la Administración General del Estado desempeña en el País Vasco.

Se trata de un sistema de carácter bilateral propio de los regímenes forales y que también comparte Navarra. De ahí que Euskadi no participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni en el modelo de préstamos y financiación del Estado a las autonomías. Es en ese órgano en el que mañana se analizará la propuesta del Ministerio de Hacienda para perdonar esa deuda de 83.252 millones a las comunidades. Un movimiento que buscar amortiguar el impacto político que en muchas regiones ha tenido la formulación de un régimen fiscal específico para Cataluña, como pedían Junts y ERC para respaldar al presidente Sánchez en el Congreso.

El Gobierno vasco, hasta ahora, ha ceñido su discurso a reclamar el «máximo respeto» para el Concierto Económico tratando de evitar que una herramienta que concita gran consenso político en Euskadi se vea salpicada por el debate generado en el resto de España a raíz de la financiación de Cataluña.

Pero hay alerta respecto al impacto que pueda tener la condonación porque Euskadi «contribuye, a través del Cupo, a las cargas asumidas por el Estado en términos de deuda», como explicó Pradales en diciembre.

Además, una ayuda del Estado a todas las administraciones autonómicas podría ser reclamada también por el Gobierno y las diputaciones vascas. Así se recoge en el artículo 11.4 de la Ley que regula el Cupo, una vía que se ha empleado ya cuando ha habido dotaciones extraordinarias del Gobierno central a las autonomías en materias como Educación, Sanidad o políticas para víctimas de violencia sexual. Se trata de pagos extraordinarios realizados por el Estado en el seno de la financiación autonómica de los que Euskadi también se ha beneficiado. De hecho, el pasado 2024, el País Vasco recibió un total de 51,5 millones por estas medidas. Una ayuda con la deuda podría entenderse del mismo modo.