La reforma fiscal reactiva el histórico debate sobre la Hacienda única en Euskadi
Bildu dice que «no tiene sentido» mantener tres estructuras y el PSE apuesta por conceder más competencias al Parlamento vasco
La reforma fiscal que los partidos debaten en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa ha contribuido a alimentar otra reflexión, mucho más profunda ... y de largo alcance, sobre el propio sistema impositivo de Euskadi. No todas las formaciones comparten la idoneidad del actual modelo, con tres haciendas y tres regulaciones diferentes –aunque cada vez más armonizadas– en un territorio de 2,2 millones de habitantes. Pero el asunto no es fácil de abordar. Y ya no sólo porque cuestiona la arquitectura institucional del país, sino también porque remite a una discusión política histórica que ha llegado a ser traumática.
Fue Pello Otxandiano quien este pasado martes abrió definitivamente el melón. El líder parlamentario de EH Bildu lanzó que «en la era de la inteligencia artificial, no tiene mucho sentido que este país tenga tres haciendas», tanto en términos de eficiencia de la gestión pública como en los de racionalidad de los recursos. Sobre todo, apuntó, si el objetivo es la armonización fiscal entre los tres territorios históricos. El dirigente soberanista reivindicó que el planteamiento debe ser «uno y único» para evitar «problemas que ya existen», como la diferencia en el tratamiento de las EPSV entre Álava y Gipuzkoa.
Otxandiano no es la primera voz de EH Bildu que alienta el horizonte de una centralización de la estructura fiscal. La exdiputada foral guipuzcoana de Hacienda, Helena Franco, ya subrayó lo «absurdo» de la actual diferenciación «desde un punto de vista de país y práctico». Pero, al menos hasta ahora, la coalición soberanista había sido más comedida en sus programas electorales. En el de las autonómicas del año pasado, se limitaba a constatar la «singular y paradójica» realidad y centraba su propuesta en la capacidad del Parlamento vasco para crear impuestos, «garantizando siempre el respeto de los ámbitos competenciales de las instituciones forales».
Para esa misma cita con las urnas, el PSE-EE rescató su vieja aspiración de que la Cámara autonómica regule la fiscalidad en detrimento de las Juntas Generales de cada territorio. Los socialistas parten del diagnóstico de que el desarrollo del autogobierno en estas últimas cuatro décadas ha generado «duplicidades», por lo que conviene «racionalizar la organización institucional» con medidas como la asignación de atribuciones normativas al Parlamento de Vitoria, que ahora sólo ejerce tareas de coordinación y armonización. En paralelo, los de Eneko Andueza también aspiran a crear impuestos autonómicos, como la tasa turística que se está diseñando en el seno del Gobierno vasco.
La iniciativa de los socialistas para centralizar las competencias fiscales permanecía en el cajón desde que Patxi López hizo de ella una de sus grandes banderas. Fue en una época de crisis económica que abocaba a la subida de impuestos y ante un mapa político de gran fragmentación que dificultaba la armonización: el PSE-EE estaba en la Lehendakaritza; el PNV dirigía la Diputación de Bizkaia; el PP, la de Álava; y EH Bildu, la de Gipuzkoa. «No podemos seguir con la guerra de territorios que impide políticas comunes y provoca desigualdades», dijo el mandatario socialista en uno de sus sonados enfrentamientos con el entonces diputado general vizcaíno, el jeltzale José Luis Bilbao.
Las tesis de López llegaron a encontrar apoyos en formaciones tan heterogéneas como Bildu y UPyD, pero de ninguna manera en PNV y PP. Los jeltzales salieron en tromba ante un debate que inexorablemente siempre les ha remitido al trauma de la escisión de EA. Advirtieron de que cualquier cambio de modelo exigiría reformas de la Ley de Territorios Históricos (LTH) –un tema tabú porque alteraría los delicados equilibrios–, del Concierto Económico, del Estatuto y hasta de la Constitución. Incluso amagaron con alterar a cambio el reparto de escaños en el Parlamento para acabar con el 25-25-25 y, en consonancia con la distribución poblacional, otorgar la mayoría a Bizkaia en detrimento de Álava.
El PP, también en contra
Quince años después, los jeltzales siguen sin estar por la labor de reformular el sistema impositivo vasco, máxime cuando dirigen tanto el Ejecutivo autonómico como las tres diputaciones, algo que facilita la alineación de la política fiscal. El borrador de la ponencia económica de cara a la Asamblea General de marzo es clara a este respecto. «No planteamos cambios significativos en la actual estructura», concluye el texto después de mostrar su «posición satisfactoria» en torno a la gestión de las haciendas forales y de subrayar la «exigencia de transferir (por parte del Estado) la competencia normativa en toda la imposición directa».
Tampoco el PP va a mover un dedo por un eventual cambio estructural que desdibujaría casi por completo el foralismo, históricamente una de sus grandes señas de identidad. Hay que tener en cuenta que las aspiraciones de gobierno de los populares en Euskadi se siguen centrando en Álava, su gran feudo, y que un vaciamiento de competencias fiscales reduciría en gran medida el papel de las tres diputaciones. El debate, eso sí, está servido y todos deberán desplegar sus respectivos argumentarios.
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