Quién es quién en el mayor caso de corrupción destapado en Euskadi

Un dato revelador. En el registro de su camarote se encontró documentación escrita a mano donde se indicaban las maniobras en las diferentes sociedades creadas para cobrar comisiones y lucrarse de manera ilícita. Esta prueba intentó ser anulada por su abogado, sin éxito. Y «por ella» fue condenado a un global de 7 años y 6 meses de cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Al igual que sucede con su amigo De Miguel, sólo una de sus numerosas condenas alcanzaba los dos años y un día de cárcel. Se trata de la asociación ilícita. En su caso, dos años y tres meses.

Y el Supremo ratifica la fórmula de 'la triple de la mayor' (multiplicar por tres su mayor pena individual como especifica el artículo 76.1 del Código Penal). Corrobora por tanto los seis años y nueve meses entre rejas que le impuso en su momento la Audiencia Provincial de Álava.

6años y 9 meses de cárcel

El más 'rebelde' durante el juicio ha labrado toda su carrera profesional al cobijo del PNV. Se curtió en las juventudes de EGI, donde dirigió una revista. Ostentó cargos en Osakidetza o el IFBS, el «instituto» que gestiona los Servicios Sociales en Álava. Atacó sin miramientos a Ainhoa Alberdi, la denunciante que propició la investigación ahora culminada, durante su declaración judicial.

Al considerar el Gobierno vasco que la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, emitida en diciembre de 2019, no era firme le mantuvo como contable del Parque Tecnológico de Álava. Básicamente nunca abandonó esta plaza a pesar de la investigación, el posterior juicio y el fallo ahora ratificado por el Supremo.

En la tarde de ayer, el Gobierno vasco anunció que dio «la orden directa» para que su gerencia «actúe en consecuencia». Como De Miguel, será despedido cuando «se reciba la sentencia».

El tercer ideólogo de la trama. Aclara el fallo del Supremo que, como De Miguel y Ochandiano, se valió de su puesto en el Araba Buru Batzar para llegar a embolsarse comisiones irregulares. La suma total de su pena por diversos delitos alcanza los cinco años, un mes y quince días de prisión. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas creen que «al carecer de antecedentes penales y que la mayoría de sus cargos son menores podrían aplicarle únicamente el delito de asociación ilícita, que en su caso es de dos años y tres meses».

Tellería (Bilbao, 1962) ha sufrido en estos trece años de periplo judicial un evidente deterioro físico. Algunos medios deslizan que «recientemente habría recibido una incapacidad», argumento que podría esgrimir su abogado para intentar esquivar el ingreso en un centro penitenciario o solicitar su ubicación en el módulo de enfermería.

Antes de aparecer en el radar del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, este veterano jeltzale se bregó en las principales instituciones alavesas. Fue juntero y concejal en Vitoria. Ingeniero técnico de profesión, también ejerció de director de Agricultura de la Diputación y de la oficina de agroturismo del Gobierno vasco. Cuando le detuvieron en 2010 era el responsable del semillero de empresas del parque tecnológico del Álava, más conocido como Miñano. Se le considera «amigo cercano» de De Miguel.

5años y un mes. Podría bajar a 2 años y 3 meses

Se acababa de despertar cuando los ertzainas enviados por Instrucción 4 y la Fiscalía registraron su casa. Incluso ha recordado en más de una ocasión -y con indisimulado enfado- cómo sacaron de la cama a su hijo.

Al igual que hizo De Miguel, en el juicio desarrollado en la Audiencia negó cualquier actividad criminal. Y como Ochandiano también cargó contra Ainhoa Alberdi.

Ayer, el Supremo le dio un pequeño soplo de aire fresco al exonerarle como «cooperador necesario de un delito de tráfico de influencias», por el que fue condenado a cinco meses. Sin embargo, el fallo firmado por el juez Pablo Llarena sí confirma la prevaricación, malversación de fondos públicos, dos cargos más de tráfico de influencias, blanqueo y asociación ilícita.

La tercera pena más contundente afecta al que fuera director de Juventud en el Gobierno Ibarretxe. De poco le sirvió que su letrado negara su relación con Alfredo De Miguel durante el juicio celebrado en la Audiencia de Álava. El sumario incluía emails entre sus respectivas mujeres con fotos y vídeos de un viaje a Argentina. Su esposa es Josune Gorospe, actual diputada en el Congreso.

De una familia con profundas raíces nacionalistas, es sobrino de José Luis Robles (difunto alcalde de Bilbao), se considera probada su «influencia» en la adjudicación de contratos a empresas de esta trama corrupta. Su papel, ratificado ahora por el fallo del Supremo, le considera una especie de 'infiltrado' dentro del Gobierno vasco para ayudar a los principales acusados a obtener sus ganancias irregulares.

De hecho, Sánchez Robles ha sido declarado de manera firme responsable de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia y asociación ilícita. Del global de siete años y un mes entre rejas, todo apunta a que, debido a su falta de antecedentes, su periodo de cumplimiento real podría reducirse a cinco años y tres meses. Esa es la carga incluida en el delito de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. «Las otras penas son de un año o menos, por lo que podría quedar exento de cumplirlas. Se trata de una práctica habitual», corrobora un reputado abogado penalista.

7años y un mes. Podría bajar a 5 años y 3 meses

Junto con De Miguel, Tellería, Ochandiano, San Juan y Azkárraga, deberá compensar «solidariamente» al Gobierno vasco con «146.230 euros» por el dinero sustraído de manera ilegal. A su vez, también le imponen «una inhabilitación absoluta por un plazo de diez años» para ostentar una plaza o cargo en la administración local y autonómica. En diciembre de 2019 trabajaba como «funcionario» para la Diputación de Bizkaia. Su carrera seguía ligada al área de juventud «pero sin capacidad para contratar».

Al igual que Ochandiano, durante varias sesiones del proceso judicial no pudo ocultar su enfado o alegría ante las declaraciones de varios de los testigos.

Se encargaba de administrar algunas de las empresas investigadas por el pago de comisiones. Junto a Sánchez Alegría, este exconcejal del PNV en el Ayuntamiento de Leioa es uno de los principales beneficiados por la revisión del Supremo. Le absuelven de los dos delitos continuados de tráfico de influencias (once meses en total). La pena global es de 4 años y cuatro meses, pero sólo cumpliría la pena mayor de tres años por un delito continuado de malversación de fondos públicos. Pero mañana entra en vigor la nueva ley que revisa a la baja este ilícito. Se espera que su abogada solicite una revisión que podría librarle de la cárcel.

4años y cuatro meses. Podría bajar a 3 años

Estuvo al frente de algunas de las empresas de la red relacionadas con el sector cultural. Ha sido condenado por un delito de malversación a dos años de prisión y por un delito de falsedad en documento mercantil a 1 año, 9 meses y 1 día de cárcel. Sufrirá una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 4 años. Y multa de 2.700 euros.

3años, 9 meses y un día de cárcel

Contratista habitual de la Administración vasca y socio de la denunciante, la abogada Ainhoa Alberdi. Ella le acusó de haber negociado el pago de una comisión a cambio del contrato para la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Ha visto reducida considerablemente su pena ya que la Audiencia alavesa le condenó a 2 años y 5 meses.

5meses de prisión

Empresario embarcado en proyectos variopintos, recibió órdenes de Alfredo de Miguel para reclamar una comisión a empresarios catalanes por una operación urbanística en Zambrana. Muchos le describen como 'fontanero' del PNV. Confesó que De Miguel le encargó que pidiera una comisión de 161.000 euros, la misma cantidad que se llevaría el propio Arruti.

1año y 9 meses de cárcel

Como las mujeres de Tellería y Ochandiano, era administradora de Kataia Consulting, la empresa 'pantalla' que crearon las tres parejas (la inicial de cada uno de ellos conforma la palabra Kataia). Ante el tribunal aseguró desconocer la trama corrupta, recalcando que su marido era el que se encargaba de todo. Trabajó para otras empresas investigadas.

1año y 6 meses de cárcel

Esposa de Koldo Ochandiano, también era administradora de Kataia Consulting. Durante el juicio, en lugar de echar balones fuera como sí hizo la mujer de De Miguel, admitió que realizó operaciones económicas y que cobró de dicha empresa.

1año y 6 meses de cárcel

Arquitecto de profesión y gerente de Studio Técnico de Obras y Arquitectura S.L. (Stoa), señala a De Miguel como su 'padrino' para lograr contratos. Su empresa era la encargada de diseñar la ampliación del parque tecnológico. Ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad documental y cohecho, ratificando así el fallo de la Audiencia alavesa.

1año y 6 meses de cárcel

Con un delicado estado de salud y avanzada edad, su abogada peleó durante todo el proceso judicial para que se le retirase la imputación. Reconoció su participación en operaciones sospechosas y se ofreció a devolver el dinero que había dejado de declarar.

9meses de cárcel

Como alcaldesa de la localidad alavesa de Zambrana pretendía levantar un polígono industrial. Cuando los promotores catalanes se pusieron en contacto con ella telefoneó a la sede del PNV alavés para explicar el proyecto. De allí, le derivaron a De Miguel y éste, a su vez, le puso en contacto con Josu Arruti, que empezó a buscar empresarios interesados en el proyecto.

9años inhabilitada

Fue gerente del parque tecnológico de Álava desde 2006 hasta su detención, que desbarató su aspiración a convertirse en candidato a la Alcaldía de Vitoria por el PNV. También perteneció a la junta directiva del Deportivo Alavés con Gonzalo Antón de presidente del club. El Supremo ha rebajado a la mitad la condena inicial de la Audiencia Provincial de Álava.

4años inhabilitado

Absuelto Su firma aparece en el contrato para la ampliación del centro de Miñano. La denunciante dice que le avisó de que Alfredo de Miguel estaba reclamando comisiones. Sánchez Alegría siempre negó las acusaciones. La Audiencia alavesa le condenó a 14 años de inhabilitación. Ayer, el Tribunal Supremo le absolvió de todos los cargos.

Era el político a seguir. Allá por 2010, Alfredo de Miguel, Txitxo, acaparaba poder y cargos bajo las siglas del PNV. Ejercía de 'número dos' del partido en Álava. En lo institucional, cuando estalló el caso, era diputado foral de Administración Local, el 'número tres' de aquel Gobierno foral. Un cargo que le costó «mucho» aceptar en su momento y que sorprendió en su entorno, donde se le tenía por un hombre extremadamente discreto, más cómodo en labores de 'fontanería' que de proyección pública.

Compaginó su sillón en el Ejecutivo foral con el puesto de consejero en la Caja Vital y en el Parque Tecnológico de Álava, una de las ramas del mayor caso de corrupción en Euskadi. Considerado delfín de Iñaki Gerrenabarrena (entonces presidente del Araba buru batzar), construyó una red subterránea de compañías ficticias para «encubrir» el cobro de comisiones y contratos irregulares con «administraciones gobernadas por el partido en el que militaban». Para ese fin se apoyó en sus amigos y compañeros de formación Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.

Tanto la Audiencia Provincial de Álava -que ya le condenó a un global de trece años y tres meses en diciembre de 2019 por catorce delitos vinculados a la corrupción-, como ahora el Tribunal Supremo dan por acreditado que el antiguo burukide y sus dos compañeros de ejecutiva usaron su «capacidad de influencia política en el PNV» para una lucrativa e ilegal maniobra de enriquecimiento. Sostenida en el tiempo, además, con la connivencia de varios de sus allegados, quienes figuran también en la larga lista de los ahora condenados de manera firme. Entre ellas, sus mujeres, quienes han recibido penas menores.

Debido a que el alto tribunal le absuelve del tráfico de influencias, su pena total se ha rebajado a doce años y cuatro meses. Esa variación a su favor no influirá en la condena real, que ya se verá si la cumple en la prisión alavesa de Zaballa o en la vizcaína de Basauri.

Porque de los catorce cargos ya confirmados sólo uno rebasa los dos años y un día entre rejas, la frontera para dormir o no en una celda. «En estos casos se aplica siempre el concepto conocido como 'la triple de la mayor', consistente en multiplicar por tres su mayor condena individual», ilustran fuentes del Palacio de Justicia de Vitoria, donde se le juzgó. De esta manera, los tres años que le cayeron por «asociación ilícita» se convertirán ahora en nueve.

Sin posibilidad real de recurso, estos mismos medios apuntan a «finales de enero o febrero» como las fechas más probables de su ingreso. Una nueva imagen de digestión complicada para el PNV, a escasos tres meses de las elecciones municipales y forales, y que será el remate a un caso prolongado por espacio de trece años ya que la detención de De Miguel y de sus cómplices tuvo lugar en marzo de 2010. Los ertzainas participantes en el operativo se enteraron de los objetivos pocos minutos antes de salir a por ellos.

¿Y qué ha hecho De Miguel durante este periplo judicial? Tras su arresto, dimitió de todos sus cargos, aunque tardó casi un año en entregar su carné. Junto a su mujer, Ainhoa Bilbao, y sus hijos volvió a su Bizkaia natal en busca del anonimato.

A pesar del escándalo mayúsculo no le faltó trabajo. Intentó reincorporarse a la red de polígonos industriales. No fue admitido pero sí recibió una indemnización. Recurrió a la consultora IKT, donde se encontraba en excedencia y que ahora está integrada dentro de la fundación pública Hazi, dependiente del Gobierno vasco y dedicada al desarrollo del medio rural y litoral.

Dentro de este organismo ha llegado a realizar labores de representación en foros oficiales, ante la indignación de la oposición. Inhabilitado para «empleo o cargo público», el Gobierno vasco anunció ayer que ha dado orden para ejecutar su despido.