El PP vasco sospecha que la trama corrupta operó en Euskadi

De ahí la suposición de los populares vascos sobre que los 'tentáculos' de la trama también habrían llegado hasta alguna de las instituciones de Euskadi. Para aclarar si esas «supuestas acciones corruptas, chantajes y mordidas se dieron también en el País Vasco», el partido liderado por Javier de Andrés ha presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno vasco, las diputaciones forales y diversos ayuntamientos. En ellas, cuestiona sobre las posibles adjudicaciones de contratos públicos a las empresas vinculadas tanto a Antxon Alonso como a Acciona, la firma que presuntamente pagó mordidas a la trama para ganar concursos.

Por ejemplo, el PP vasco ha registrado en el Parlamento vasco varias preguntas dirigidas al Ejecutivo de Imanol Pradales sobre once sociedades del empresario guipuzcoano. En concreto, el parlamentario Santiago López solicita información sobre la «relación completa de contratos adjudicados, tanto por procedimiento ordinario como por contrato menor» por Lakua o «cualquiera de sus entes, organismos autónomos, sociedades públicas y entidades del sector público vasco» en los últimos siete años. Amplía ese abanico también a posibles «colaboraciones en UTE» y a «subvenciones, ayudas y convenios de colaboración».

Similares datos reclama sobre una veintena de compañías que la UCO ha relacionado con una «compleja red de presuntas irregularidades centradas en el Ministerio de Transportes» durante el 'mandato' de José Luis Ábalos. El PP vasco quiere aclarar cualquier tipo de vínculo que hayan tenido con el Gobierno vasco. Entre las firmas citadas se encuentran Ferrovial, Indra y, sobre todo, Acciona. Santiago López hace especial hincapié sobre esta última compañía y, de hecho, pide «copia de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los contratos» y la «identificación de los responsables políticos y técnicos que los autorizaron».

Por último, el PP vasco quiere saber si la «Guardia Civil, incluida la UCO, la Policía Nacional, algún juzgado de instrucción, la Audiencia Nacional, la Fiscalía o el Tribunal Supremo» se han puesto en contacto con el Gobierno vasco para pedir información sobre alguna de las empresas presuntamente implicadas. Asimismo, pregunta al Gabinete Pradales si ha activado alguna «auditoría interna o investigación» sobre los contratos firmados con cualquiera de las empresas aparecidas en las investigaciones de la UCO.