PNV y PSE se enfrentan en el Gobierno vasco por el decreto de universidades de Sánchez

El enfrentamiento se ha abierto el mismo día en que se celebra en Valencia la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en esta materia. En esa cita se ha abordado el decreto de la polémica, una iniciativa liderada por la ministra socialista Diana Morant para poner coto a la «privatización» del sistema universitario y a los «chiringuitos», tal y como los ha bautizado el Gobierno. Se quiere establecer para ello criterios como que los centros deberán superar los 4.500 alumnos, que al menos el 50% tengan que ser estudiantes de grado y que la mitad de sus profesores sean doctores.

El consejero vasco de Universidades, Juan Ignacio Pérez (independiente pero de la cuota del PNV), ha adelantado a primera hora su oposición. En primer lugar, por cuestiones de forma: lamenta que no se haya concedido a los ejecutivos autonómicos el preceptivo trámite de audiencia; tacha de «injustificada» su tramitación por la vía de urgencia; cuestiona la «oportunidad» de la iniciativa «por generar un entorno normativo restrictivo que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema»; y, sobre todo, denuncia que el decreto «invade competencias» autonómicas y «socava el autogobierno».

Pero el rechazo también viene motivado por cuestiones de fondo, de contenido del texto. Entre ellas, Euskadi no comparte la exigencia de un número mínimo de 4.500 alumnos porque «algunas de las mejores universidades del mundo tiene números inferiores»; porque elevar de dos a tres los programas de doctorado que deben ofrecer los centros «dificulta la especialización»; porque convertir en vinculantes los informes de las agencias de calidad «hurta la capacidad legislativa a los parlamentos autonómicos»; y porque atribuir al Estado la competencia sobre los centros online «constituye una centralización» de las atribuciones.

Por todas estas razones, el viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua, ha mostrado en la reunión la oposición del Gobierno vasco o al menos la del sector del PNV, que es el socio mayoritario con 10 de las 15 carteras. El PSE-EE, sin embargo, no está de acuerdo y ha salido a denunciar que esta postura no había sido comunicada. El propio secretario general, Eneko Andueza, ha apuntado a una decisión «unilateral» del Departamento de Pérez Iglesias, o si acaso del ala jeltzale del Ejecutivo, y ha avanzado que su partido pedirá «explicaciones» al socio de coalición por su forma de actuar.

«Es una opinión del consejero que se circunscribe a su ámbito y quizá al partido que representa, pero no al conjunto del Gobierno porque por nuestra parte no lo compartimos», ha explicado Andueza en declaraciones a los medios a su llegada al Parlamento vasco. El líder socialista ha afirmado que los consejeros de su formación no tenían conocimiento previo de esta circunstancia y, por tanto, «no ha sido consensuada». Ha añadido que «estas cosas hay que hablarlas» y que «siempre es conveniente» que las dos partes traten de fijar una posición conjunta, por lo que pedirán «explicaciones» en el Consejo de Gobierno del próximo martes.

No es la primera vez que los socios de coalición protagonizan un choque de trenes por un proyecto impulsado por el Gobierno central. El mayor de los pulsos se vivió con la ley de vivienda. El PNV no sólo se opuso a la aprobación de la norma al alegar una «invasión competencial», sino que también llevó al Gobierno vasco a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, un paso del que discrepó el PSE-EE. También tuvieron sus más y sus menos a cuenta del centro de refugiados de Vitoria y, más recientemente, por la conexión del TAV con Navarra, pendiente de una decisión del Ministerio de Transportes entre las alternativas de Ezkio-Itsaso y Vitoria.

En lo relativo al decreto de creación de universidades, la postura del PNV ha sido avalada por el principal partido de la oposición. EH Bildu, si bien comparte el objetivo de «limitar la proliferación descontrolada» de centros privados, denuncia la «invasión competencial» que supondría el proyecto de Sánchez y reivindica el «autogobierno vasco también en el ámbito universitario». Con similares términos se ha pronunciado el rector de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Joxerramon Bengoetxea, quien ha dicho compartir la «filosofía» del decreto para «asegurar» la calidad, pero no el medio porque, en su opinión, supondría «un vaciado competencial». «En ese sentido estamos en plena sintonía con el Gobierno vasco», ha agregado.