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Fue en viernes y ante la sorpresa generalizada, como suelen hacerse estas cosas. El 10 de enero, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, compareció desde la Cámara baja para presentar la 'Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos ... fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas'. López alegó que lo que se pretende con ella es simplemente «proteger a la ciudadanía de la persecución y el acoso de los sectores ultras y prestigiar más nuestro sistema judicial».
¿Por qué ahora, si Pedro Sánchez lleva en La Moncloa seis años y medio? La iniciativa socialista incluye una disposición transitoria única que aclara que este cambio legislativo afectaría tanto a futuros casos como a los que están ya en trámite. Procesos, por ejemplo, en los que están sumidos la esposa del presidente, Begoña Gómez, o su hermano, David. Aunque conocido el potencial alcance de la reforma, los socialistas se apresuraron a subrayar que el objetivo no es 'salvar' al entorno familiar de su secretario general.
Sea como fuere, la gélida realidad parlamentaria a la que se enfrenta el PSOE en las Cortes hará que esta proposición de ley no vea la luz o, al menos, no como le gustaría. Y no lo hará, entre otros motivos, por el portavoz del PNV, quizá el socio más fiel que tiene junto a EH Bildu.
«No debería haber posibilidad de acusación popular cuando ni la Fiscalía ni el perjudicado o la perjudicada quieren seguir con el trámite judicial. Debería acotarse porque ha habido un abuso absoluto. Es una figura extraña en el conjunto del ordenamiento jurídico europeo y se viene haciendo un uso espurio de esa figura durante décadas. Pero creo que la disposición transitoria de la iniciativa del PSOE para cerrar casos en curso sobra, para no restar fuerza y credibilidad a la proposición de ley».
El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, ya ha delimitado el terreno de juego. Sí, pero no para «salvar a la familia de Sánchez», como han denunciado el resto de los partidos de la oposición. Sobre todo el PP, que ha emulado este tipo de actitudes a las de Nicolás Maduro en Venezuela.
Las causas que afectan a la mujer y al hermano del presidente quedarían archivadas con esta ley
Todas las asociaciones de jueces, incluso la progresista, han criticado esta iniciativa
La debilidad parlamentaria que sufre el Gobierno de coalición PSOE-Sumar hace necesario el concurso de todos los socios de la llamada mayoría progresista en la que el presidente se empeña en incluir a partidos radicalmente diferentes como PNV y Junts, por un lado, y Bildu y ERC, por el otro. Por no hablar de Podemos. Todos están enfrentados con todos y aprobar media ley se ha convertido en una misión casi imposible en esta legislatura.
Como en su día advirtió el lehendakari Iñigo Urkullu mostrando su «preocupación» por el encallamiento de la legislatura antes incluso de nacer, el presidente Sánchez necesitará el apoyo de todos, todo el rato y para todo, y así es muy difícil gobernar. Y en este caso concreto, el PNV ha sido el primero de los aliados del Gobierno que ha dicho claramente que no aceptará limitar la acusación popular en los casos que ya se están juzgando. Del resto de peticiones, veremos.
El Gobierno ya había esbozado hace tiempo su intención de reformar la figura de la acusación popular, que organizaciones ultraconservadoras como Manos Limpias y Hazte Oír están ejerciendo en todas las causas penales que, de una manera u otra, salpican al Ejecutivo con el argumento de que se está «pervirtiendo el espíritu» de esa figura constitucional. «No les importa nada perseguir el delito y establecer los hechos. Lo que tienen es interés en perseguir a personas progresistas de sus familias (en referencia al presidente del Gobierno y otros dirigentes del PSOE)», llegó a decir el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Lo previsible era que el Ejecutivo se sirviera de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la Lecrim), que se enviará al Congreso a lo largo del primer trimestre del año, para acometer esos cambios. Pero finalmente se ha optado por la vía de la proposición de ley, que sortea así los informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal y permite una tramitación a priori más rápida para restringir ese derecho y abordar otras modificaciones.
La norma plantea, entre otras cosas, que ni los partidos ni los sindicatos ni las fundaciones u organizaciones vinculados con éstos puedan protagonizar la acusación popular, que, además, solo podrá ser ejercida por quienes demuestren un «vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente». Y, por otro, que quien ejerza esa acusación popular solo pueda participar en el juicio oral y la formulación inicial de la querella, pero no en la fase de instrucción.
Unos planteamientos duramente criticados por todas las asociaciones judiciales, incluso por la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, casi siempre fiel al Gobierno.
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