«No perdamos de vista que la vocación de una administración es servir al ciudadano»

- Tras diez años en el cargo, ¿qué balance hace?

- Hemos cambiado mucho. Cuando llegué había unas 8.000 intervenciones y ahora estamos en 16.000, hemos renovado equipos... Quiero marcharme con la sensación de que he hecho mi trabajo correctamente.

- ¿Por qué se han disparado las actuaciones?

- Por varios motivos. Las administraciones intervienen en muchos ámbitos de la vida y se producen más fricciones. En segundo lugar, la institución es más conocida que hace diez años, se ha consolidado, tiene un acceso fácil y credibilidad.

- No puede optar a la reelección. ¿Repetiría si estuviera en su mano?

- No. He dejado de lado todo lo que no fuera implicarme a fondo con este trabajo. Espero que venga alguien con un apoyo tan amplio como el que he tenido yo y con ideas, compromiso y fuerzas nuevas.

- ¿Le hacen caso las instituciones?

- El 90% de las quejas que registramos se resuelven. Se comunica a la administración pertinente el problema y ésta modifica la medida controvertida o la omisión.

- ¿Siempre ha sido así?

- Creo que ha mejorado. Quisiera que fuera el 100%. En el 10% restante, dictamos una resolución profundamente motivada que no es obligatoria. De estas es verdad que más o menos la mitad se queda sin atención, y el problema que tenemos es que, en muchos casos, ni siquiera responden. Y si no van a cumplir la recomendación, me gustaría que digan por qué.

- Ha amenazado a varias administraciones con recurrir a la Justicia por no colaborar.

- En los últimos años tuvimos que elevar un poco el tono y utilizar las herramientas de las que dispone la ley porque no es obligatorio cumplir nuestras recomendaciones, pero sí cooperar. A finales de 2022, por ejemplo, tuve 46 expedientes bloqueados porque las administraciones no lo hacían.

- ¿Qué instituciones son las que menos responden?

- El que fuera Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, solía decirme que si cuando me vaya no tengo más enemigos que cuando llegué, es que no he hecho bien mi trabajo. Y ciertamente he tenido roces que crean un cierto malestar pero no quiero abultar más el número de enemigos que he podido crear.

- Con la cita previa y los trámites 'online' ha perdido la batalla.

- Muchos no hacen caso y otros dicen que van a hacer y luego, nada. La cita previa, para muchas personas, es útil, pero muchas otras se están sintiendo abandonadas. Y además imponerla no es legal, como tampoco lo es imponer un determinado sistema, como el informático.

- Usted lo llamó hace unos meses «confort administrativo».

- Es que no se puede perder de vista el hecho de que la vocación de una administración es servir a los ciudadanos. Y además no hacerlo como a mí me conviene, sino como dice la ley. Y la ley indica que hay que servirle con cercanía. Una buena administración no puede privilegiar sistemas de atención porque le viene mejor a los funcionarios.

- El Ararteko es un termómetro de la sociedad. ¿Ha cambiado la vasca en estos años?

- Hemos pasado de la convulsión de una sociedad violenta a una pacificada, con una población muy consciente de sus derechos y que los ejerce de todas las maneras que puede.

- ¿Y los motivos de queja?

- Cuando yo llegué, el tema principal eran las ayudas sociales. Siguen siendo muy importantes, pero han aparecido otros temas, como la sanidad, que se ha disparado, y la vivienda.

- ¿Ha perdido prestigio Osakidetza?

- Yo no diría tanto. Lo que pasa es que las expectativas de la población con respecto a nuestro sistema de salud eran enormes.

- ¿Cómo se cumplen esas expectativas? ¿Reduciendo las listas de espera?

- Sí. Las listas de espera son el 25% de las quejas de salud, pero las demandas son ilimitadas y las soluciones no son mágicas. Los esfuerzos que están haciendo, sobre todo a través del Pacto de Salud, tardarán un tiempo en mostrar resultados.

- Mencionaba también la vivienda.

- Esta semana he comparecido ante la Comisión de Vivienda del Parlamento para dar cuenta de las quejas que recibimos en este ámbito, y hay un flujo constante. El déficit de vivienda protegida es estructural, con 80.000 solicitantes en alquiler y un parque del Gobierno vasco de 16.000.

- Otro de los grandes retos es la educación. ¿Reciben muchas quejas?

- Ahora igual menos, pero cuando se modificó hace dos años el sistema de admisión, subieron mucho. La fusión de dos colegios en Bilbao, que al final no se llevará a cabo, provocó una inmensidad.

- Gobierno y autonomías llevan meses peleándose por el reparto de menores.

- Hay que garantizar que los que vengan aquí sean atendidos con las dignidades que merecen como seres humanos y como niños. Nosotros actuamos de oficio, vamos a los centros, y comprobamos los importantes esfuerzos que hace sobre todo la Diputación de Bizkaia, y señalamos cuándo está desbordada.

- ¿Qué opinión le merece que Euskadi acoja a casi 900 menores y La Rioja a 15?

- Eso hay que arreglarlo a nivel de la Administración del Estado, que es lo que están reclamando el Gobierno vasco y las diputaciones. Hay que recordar las obligaciones que tenemos, no podemos abandonar a los niños y no atenderles.

- ¿Algo que le quede pendiente?

- Sí. Me hubiera gustado ver una nueva ley del Ararteko en marcha. Presenté un informe al Parlamento sobre la modificación de la norma actual, que es de 1985. Han pasado 40 años y se necesitan nuevos instrumentos y mejores garantías para un trabajo independiente.