Bildu recupera su discurso más duro y provoca la mayor bronca en el Parlamento esta legislatura
Julen Arzuaga llama «nazis» a dos sindicatos de las fuerzas de seguridad en el debate sobre la polémica ley de abusos policiales
La reforma de la ley de abusos policiales debía ser un mero trámite en el Parlamento, pero desencadenó este jueves una monumental bronca. Una ... tormenta de las que no se recordaba en la política vasca, más propia de los oscuros años del terrorismo que de 2019. Tal fue la tensión que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, amagó con suspender el pleno tras expulsar a un representante de EHBilduy amenazar a otro en medio de un torrente de críticas por su «imparcialidad» y la falta de libertad de expresión. Todo, mientras el PP abandonaba el hemiciclo como señal de protesta ante los graves ataques verbales de la izquierda abertzale a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El detonante fue la intervención del independentista Julen Arzuaga, que expresó a los representantes sindicales de Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil que seguían la sesión desde la tribuna de espectadores su «desprecio más absoluto». Apenas 24 horas después de que EHBildu mostrara en el Congreso su versión más posibilista al facilitar la aprobación de los decretos sociales de Sánchez, ayer recuperó su discurso más duro en un tema en el que sigue sin dar el paso adelante que le requieren el resto de partidos: reconocer la injusticia del daño causado por el terrorismo. A cambio volvió a cargar contra las fuerzas de seguridad, una reacción que fue reprochada por todos los grupos del Parlamento. La tildaron como «involución», como «una herida que sigue abierta» e incluso como «la vuelta de la voz de ETA».
Polémica en el despacho de EH Bildu
Arzuaga, que adujo haber sido provocado e insultado desde la tribuna de invitados antes de tomar la palabra, abrió la caja de los truenos contra los sindicatos policiales. «Para mí, ustedes son nazis que protestaban porque hubo un juicio en Núremberg», comparó. «Para mí, ustedes son los franquistas que luchan para que no haya reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Es indignante, inaceptable y asqueroso». El escándalo obligó a interrumpir el pleno durante varios minutos.
La sesión llevaba poco más de media hora en marcha y ya no recuperó la normalidad. Tras el pacto alcanzado por los gobiernos central y vasco para su 'cepillado', la reforma de la ley de abusos iba a ser aprobada por PNV y PSE con la abstención de Podemos y Bildu, que consideran que la norma se queda «corta». Julen Arzuaga era el cuarto portavoz en tomar la palabra, y nada más hacerlo montó en cólera. «Están haciendo un lobby infecto para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado», insistió contra los sindicatos, que han presentado recursos al considerar que la norma aprobada les «criminaliza».
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Se dirigía Arzuaga a los representantes de Jusapol y Sipe, que escuchaban desde un 'palco'. Fuentes de EH Bildu aseguran que los visitantes, a los que consideran agrupaciones «ultras», llamaron «terrorista» a su parlamentario, le recibieron con una 'peineta' y le dieron la espalda cuando empezó a hablar como muestra de «desprecio». Portavoces de Jusapol explicaron posteriormente que la polémica 'peineta' no era tal, sino que utilizan «habitualmente» los dedos índice y pulgar para representar una 'J', la primera letra del nombre del sindicato.
Acciones legales
La tangana fue incontrolable durante un rato. Los nueve parlamentarios del PP abandonaron el salón de plenos hasta que Arzuaga dejó de hablar, y alguno llegó a encararse con el parlamentario de Bildu al salir tras llamarle «sinvergüenza». Tejeria, que se desgañitaba pidiendo silencio, rogaba «tranquilidad» a todos los presentes en el pleno. Como los gritos y las protestas no cesaban, la presidenta expulsó a Josu Estarrona, miembro de Bildu, y casi hace lo propio con su compañero Unai Urruzuno. Luego instó a Arzuaga a continuar su discurso, pero con respeto. «No se puede llamar nazi a nadie», le reprochó. «¿No puedo decir lo que pienso?», le espetó el representante independentista.
El incidente aún tuvo otros dos capítulos. Al finalizar el debate sobre la ley, la portavoz de Bildu, Maddalen Iriarte, y su compañera Jone Gorizelaia pidieron que todo lo ocurrido quedara recogido en el acta de la sesión por si cabía emprender acciones legales contra los portavoces sindicales. «Son elementos incontrolables, si actúan así aquí, qué no harán en una celda», añadió después, cuando el pleno ya debatía sobre un asunto diferente, otra integrante de la izquierda abertzale, Larraitz Ugarte. La presidenta del Parlamento se negó. Todas las palabras «ofensivas» que se escucharon fueron eliminadas de las transcripciones posteriores. Por su parte, Dignidad y Justicia anunció que ha denunciado a Arzuaga por un posible delito de odio ante el Tribunal Superior del País Vasco.
La norma acabará en el Constitucional
La bronca que se vivió este jueves en el Parlamento no modificó el guión previsto sobre el futuro de la ley de abusos policiales. La normativa acordada por el PNV y el PSE salió adelante, tal y como se suponía, con la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y el voto en contra del PP.
La ley pretende «reconocer y reparar» a las víctimas de excesos policiales entre 1978 y 1999. Los damnificados durante la dictadura y los primeros años de la Transición quedaron cubiertos por un decreto aprobado cuando Idoia Mendia era consejera de Justicia.
La sesión de ayer en la Cámara de Vitoria es un nuevo paso en el recorrido de una ley con una historia tortuosa que no cesa. Tras el debate, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, confirmó que su partido la recurrirá ante el Constitucional.
Tampoco sería la primera vez. La ley original fue aprobada hace tres años, pero el Gobierno de Mariano Rajoy acudió al TC y quedó bloqueada. El escenario cambió a mediados del año pasado tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Los socialistas retiraron el recurso a cambio de que los jeltzales introdujesen algunos cambios para darle mayor seguridad jurídica.
Las modificaciones más sustanciales tienen que ver con la comisión de valoración, el grupo de expertos encargados de analizar los diferentes casos. La ley aprobada ayer establece que no podrán identificar a los presuntos torturadores y tampoco se podrán abrir nuevas denuncias, entre otros motivos porque los casos prescriben a los veinte años.
Durante el debate, Iñigo Iturrate (PNV) destacó que los cambios aprobados no alteran el objetivo de la ley, que busca «reparar a aquellas víctimas cuyos derechos humanos han sido vulnerados, y que estaban sufriendo una injusticia que era obligado corregir». En una línea muy similar, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, destacó que esta norma ofrece seguridad a las víctimas del terrorismo, porque «expresamente rechaza la teoría del conflicto».
Mucho más crítica se mostró Pili Zabala. La representante de Elkarrekin Podemos defendió la necesidad de contar con una «ley terapéutica que amplíe los caminos de la sanción social». «Con la modificación, no es simplemente que se obstaculice ese derecho a saber la verdad, sino que directamente se prohíbe», censuró.
Los reproches más duros llegaron del PP. Carmelo Barrio afirmó que esta ley supone «un paso más en el desprestigio de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que les pone bajo sospecha en un proceso en el que no podrán defenderse».
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