Relato justificativo

Silenciadas las armas de ETA desde 2011 y con la banda formalmente desaparecida desde 2018, nada hacía augurar que esa fecha adquiriera este año una relevancia especial, más allá de lo redondo de la efeméride, y del llamamiento de Sortu a celebrarla con un acto en el pabellón Anaitasuna que simbolice la ruptura en clave soberanista con lo que representó la Transición. Se cumple medio siglo desde las últimas ejecuciones del régimen de Franco –las de los dos integrantes de ETA junto a tres miembros del FRAP– y la posterior muerte en la cama del dictador.

Sin terroristas a los que incentivar ni jóvenes incautos a los que embaucar, con la izquierda abertzale embarcada en un viaje sin retorno hacia la institucionalidad que les ha obligado a revisar sus posiciones clásicas en asuntos cruciales como las energías renovables o el reconocimiento del principio de autoridad policial –la denuncia de la alcaldesa de Ondarroa, Urtza Alkorta, sobre el hostigamiento a un agente local en las fiestas de Andra Mari es el último ejemplo–, la batalla del relato sobre el terrorismo etarra parecía, si no superada, sí orillada por urgencias más acuciantes.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que 'Txiki' y Otaegi fueron reconocidos oficialmente como víctimas hace nada menos que trece años por un Gobierno vasco monocolor socialista. De la última etapa del Ejecutivo de Patxi López, con Idoia Mendia como consejera de Justicia, data la aprobación del decreto para la reparación de las víctimas de «motivación política» entre los años 1960 y 1978. Los dos etarras fusilados «tras un consejo de guerra en el que se vulneró su derecho a un juicio justo» se convirtieron por ello en 2012 en las primeras víctimas oficialmente reconocidas como tales al calor de ese decreto, que adquirió rango de ley, ya con Urkullu en Ajuria Enea, en la legislatura 2016-2020. De hecho, el propio exlehendakari ha querido alzar la voz para reclamar que no se utilice a 'Txiki' y Otaegi para alentar el enfrentamiento, aunque 'Gara' ha preferido destacar en portada que Urkullu reivindica su condición de víctimas.

Lo cierto es que ni el director de Gogora, Alberto Alonso, ni el departamento de Derechos Humanos, en manos del PSE desde el arranque de la presente legislatura, ni Covite ni el entorno del Memorial ni EnekoAndueza ni Mendia –todos ellos han coincidido en pedir que se evite homenajear a 'Txiki' y Otaegi– han puesto en duda la condición de víctimas del franquismo de los dos militantes de ETA. Se han limitado a recordar que acreditan también la de victimarios y que por ello no procede recordarles como héroes o mártires.

La reacción de Bildu –y singularmente la de Sortu– está siendo no solo airada sino sostenida en el tiempo, en contraste con el significativo silencio que mantienen Pradales y el PNV, que han evitado matizar al PSE pero tampoco han cerrado filas con sus socios. Esperan a que escampe mientras la izquierda abertzale se rasga las vestiduras y ahonda la brecha con el PSE, sin empacho en desempolvar las páginas del diario 'El Socialista' de hace cincuenta años –que, igual que un Gobierno socialista en 2012, identificaba a los fusilados como víctimas– o en recordar la trayectoria de exmiembros de ETA posteriormente integrados en Euzkadiko Ezkerra y más tarde en el PSE como Mario Onaindia. Dirigentes que hicieron un recorrido democrático hacia la deslegitimación de la violencia terrorista que Sortu todavía hoy no ha completado. Ahí está la clave de la campaña de Sortu, de las acusaciones de blanquear el franquismo o del interés en meter en el mismo saco a los «gudaris del 36 y a los del 75». En ese contexto se entiende mejor el relato justificativo de los orígenes de ETA como respuesta al«fascismo», del que 'Txiki' y Otaegi serían referentes necesarios. Si todo se envuelve en el manto de la lucha contra el fascismo, aliñado con mensajes del miedo al advenimiento «de la derecha y la ultraderecha» y a la «persecución de la discrepancia» la píldora se traga mejor.