Ya no hay moderados en España

Una asunción implícita de la guerra fría y sin cuartel que libran los dos blo ques irreconciliables de las Cámaras, las izquierdas y los soberanistas a los que Pedro Sánchez ha unido inexorablemente su destino político y la derecha institucional condenada a hacer tándem con los extremistas de Vox. Ambos llevaron su enfrentamiento a nuevas cotas en el turbio pleno del jueves, señalando las 'cicatrices' de los disparos de Tejero en el Congreso entre acusaciones de golpismo. «No soy capaz de expresar una opinión sobre este conflicto que nos asoma al precipicio», abunda un exalto cargo de los Gobiernos de Mariano Rajoy. «Un delirio», tercia un exdiputado. «Una locura», apostilla otro.

Son, todos ellos, gente que ha visto de todo y a quien, por lo tanto, no sorprende a estas alturas el tono bronco y desabrido del debate. Javier Gomá, filósofo, Premio Nacional de Ensayo y autor de la 'Tetralogía de la ejemplaridad', prefiere relativizar. «Se habla todo el día de golpismo, de fin de la democracia, de enterramiento del Estado de Derecho..., pero si miramos hacia atrás hemos tenido terrorismo de Estado -los GAL-, terrorismo privado que ha tenido sometida a una población durante décadas -ETA-, vicepresidentes del Gobierno en la cárcel (Rato), presidentes del partido en la cárcel (próximamente Griñán), presidentes de comunidad autónoma en prisión (Ignacio González), etcétera. En perspectiva, las exageraciones se disuelven», acota. Aun así, el intelectual bilbaíno, que señala «los actos de sedición de los partidos catalanes en el poder» y la pandemia y el confinamiento como los hechos verdaderamente insólitos de la democracia española, no se atreve a vaticinar «si estamos ante la rutina de siempre o ante un hecho excepcional».

De lo que no hay duda es de que los ecos del 'procés' y de aquellas aciagas jornadas de septiembre de 2017 en que el Parlament aprobó las 'leyes de desconexión' han vuelto a resonar porque los populares han acusado a Pedro Sánchez de obrar como los independentistas catalanes al aprobar lo que algunos ven como un proceso constituyente encubierto sin apenas debate y como enmiendas a la reforma del Código Penal. El presidente, al que el PP ha comparado con Viktor Orbán, les ha acusado a su vez de «atropellar» la democracia al pretender que el Constitucional interfiera en la labor legislativa de los representantes de la soberanía popular.

El insólito pulso institucional que libran entre sí los poderes del Estado y que se resolverá a partir de mañana en otra semana tensa a más no poder remite a algo más profundo que a la tentación persistente de la colonización partidista de las instituciones y de los órganos de control. Refleja una polarización tóxica que provoca lamentos por doquier por la moderación perdida. Muchos asumen un 'mea culpa'. Nadie en público.

«Se han perdido las formas y hay razones para estar preocupados», coinciden los consultados, que advierten de las «brutales presiones» al TC de cara al trascendental pleno de mañana, en el que decidirá si paraliza cautelarmente las nuevas mayorías legales para elegir a sus miembros. Cunde la impresión de que, esta vez, el «apocalipsis de cada semana» va en serio. «Las formas en democracia, importan porque dan categoría de legalidad al fondo. Y el Gobierno ha incurrido claramente en un defecto de forma al limitar con su reforma legal la potestad deliberativa de las minorías. A su vez, el PP recurre en amparo con razón pero se excede al pedir medidas cautelarísimas para suspender una ley aún no ratificada por las Cortes, lo que sería insólito en democracia», analiza la politóloga Eva Silván. «Están retorciendo hasta tal punto el marco institucional que veremos por dónde se resquebraja. Sin olvidar la responsabilidad de los magistrados del TC, asociándose de manera obscena a los partidos», lamenta.

E l largo ciclo electoral, con paradas en mayo (municipales y autonómicas) y finales de 2023 (generales), hace augurar que, lejos de amainar en favor de una mínima concertación, el frentismo crecerá en bucle perverso. «Los bloques polarizan, los discursos agresivos se retroalimentan. El PP no admite una suma de partidos legítima y boicotea el funcionamiento de las instituciones, lo que es gravísimo, pero nosotros, para arrinconarles en la extrema derecha, hemos renunciado a la moderación y a la mano tendida y eso también es preocupante», avisan voces socialistas. En realidad, la tormenta eléctrica se ha vuelto radiactiva por una combinación de factores, en la que tiene mucho que ver la imposibilidad de generar mayorías alternativas a las de los bloques en liza, la asunción por parte de los partidos mayoritarios del lenguaje beligerante de los extremos (el 'lawfare', la «derecha judicial», el «asalto» a las instituciones), coqueteos crecientes con el populismo y el papel protagonista del independentismo catalán, que ha aprovechado para echar sal en la herida rescatando el referéndum.

Por si fuera poco, los propios intérpretes del marco constitucional no se ponen de acuerdo. «Estamos peor que nunca, hay una erosión sin precedentes del Estado de Derecho. Se han traspasado todas las líneas rojas», alerta el profesor de Derecho Constitucional de la UPV Javier Tajadura, que lamenta la «hipocresía» del PP por no haber cambiado la ley del Poder Judicial para adecuarla a los estándares europeos cuando tuvo mayoría absoluta. Para Tajadura, la corte de garantías, si autoriza las cautelarísimas, se limitaría a ejercer la «autodefensa». «Apelar, como hace el Gobierno, a la voluntad popular es una idea contraria a las democracias liberales. Ganar las elecciones no equivale a tener el poder absoluto, debe seguir habiendo unos controles. ¿De verdad no somos como Polonia?».

El catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Alberto López Basaguren discrepa, pese a considerar «un desatino» la maniobra jurídica de Sánchez. «Otorgar la capacidad de control preventivo al TC altera su naturaleza y es peligrosísimo políticamente y tremendamente grave. Esperemos que no suceda».