Imputado el coordinador de Emergencias del Gobierno vasco por las muertes en residencias en Madrid

Se trata de la segunda causa abierta en una semana, ya que el viernes pasado tanto Mur como Peromingo fueron citados a declarar por un juzgado de Madrid, aunque la declaración se suspendió y aplazó porque las defensas alegaron falta de traslado de actuaciones. En esta primera causa también está citado como investigado el entonces asesor sanitario del Gobierno regional, Antonio Burgueño, que participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo, ya que fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional. En ambas causas se les acusa del delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial, según han informado las asociaciones de residencias.

Mur era director general de coordinación sociosanitaria y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores. Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado. Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que «las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos».

El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes.

El núcleo del asunto se sitúa en los primeros días de marzo de 2020, poco antes de que se decretase el estado de alarma por el impacto del covid-19. Las familias denuncian que el Gobierno de Madrid ordenó confinar a las más de 40.000 personas mayores que vivían en residencias públicas. Fue entonces cuando se establecieron por escrito unas normas desde la Consejería de Sanidad que se enviaron a los altos mandos sanitarios, los denominados «protocolos de la vergüenza». Busca fue uno de los altos cargos que recibió estas instrucciones, que instaban a restringir los ingresos procedentes de residencias con el fin de «contribuir a la sostenibilidad del Sistema de Salud» y evitar el «colapso» del mismo. Según los datos publicados, 7.291 ancianos fallecieron en las residencias de Madrid durante la pandemia.