El Gobierno se desdice en horas y niega «cambios legales» por la pandemia

El titular de Justicia encendió la mecha de una jornada de confusión cuando en una tribuna en 'El País' (solo horas después de que la justicia canaria echara por tierra la tesis de Moncloa de que las autonomías tenían herramientas para recortar derechos fundamentales) aseguraba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba dispuesto a «estudiar y proponer a las Cortes cambios legales adicionales» si el Supremo no avalaba las limitaciones de derechos fundamentales como el de movimiento ode reunión sin el paraguas del estado de alarma.

El ministro se refería a que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal se va a tener que manifestar antes de finales de mayo sobre el recurso del Gobierno de Canarias, después de que el Tribunal Superior del archipiélago descartara el domingo amparar la mayor parte de las restricciones impuestas por el Ejecutivo del socialista Ángel Víctor Torres y que éste anunciara que esa comunidad se iba a convertir en la primera de España en hacer uso de la reforma aprobada por el Ejecutivo central la pasada semana para involucrar a la más alta instancia judicial del país con el fin de obligar a los magistrados del Supremo a fallar sobre la legalidad de esos recortes derechos fundamentales.

Solo horas después de dejar abierta esa puerta a lo que desde todos los sectores políticos y judiciales entendieron con una posible ley de pandemias que la oposición de viene reclamando desde la primavera de 2020, el propio Campo matizó, ante el enfado en amplios sectores del Gobierno, que negaron de manera tajante cualquier cambio de posición. «No hay ninguna necesidad» de ningún cambio, apuntó el ministro. «La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente», afirmó, al tiempo que insistió en la tesis de que las comunidades tienen un amplio «arsenal normativo» para tratar de frenar la pandemia sin la legislación de excepción.

Los mensajes confusos desde el Gobierno se intensificaron solo horas después de que se conociera que el Supremo va a decidir antes de finales de mayo sobre la legalidad de restringir derechos fundamentales para tratar de contener la pandemia sin el paraguas del estado de alarma, ya que Canarias recurre de manera inmediata el varapalo del TSJ insular.

Y es que, según explican fuentes judiciales tanto canarias como cercanas al Supremo, la amplitud del revés que el Tribunal Superior de Justicia insular dio el domingo al decreto de restricciones del Ejecutivo de Torres va a forzar al Supremo a «mojarse hasta el fondo» en casi todas las «cuestiones nucleares», sin dejar margen de maniobra a las comunidades en el caso de que confirmara en su totalidad el fallo del TSJ Canario. Y de ahí la creciente inquietud del Ejecutivo central.

El alto tribunal está abocado a fallar sobre las restricciones claves de libertades que cinco comunidades (la propia Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña) mantienen en vigor a pesar de que la legislación de excepción ha decaído. Los magistrados del Supremo deberán decidir sobre la legalidad de los toques de queda, los confinamientos perimetrales y las limitaciones a las ceremonias religiosas, los tres aspectos básicos del decreto canario que fueron rechazados por el TSJ y que también son la médula de las restricciones impuestas por la mayoría de las otras autonomías que han decidido mantener medidas de limitaciones de libertades.

El superior de Santa Cruz de Tenerife solo bendijo la posibilidad de limitar el número de personas en las reuniones, tanto en espacios públicos como privados y tanto en el exterior como el interior, una limitación que no será examinada pues por el Supremo pero que, en cualquier caso, no parece crear problemas judiciales, ya que hay un consenso amplio en la judicatura de que establecer aforos en los encuentros sociales no es un recorte de derechos fundamentales.

El revés judicial al Gobierno canario, no obstante, fue recibido este lunes con cierto alivio por el Ejecutivo central, que hasta ahora había visto como ninguna autonomía había activado la vía diseñada desde Moncloa para implicar al Supremo, bien porque los superiores habían confirmado previamente las restricciones (caso de Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña), bien porque los gobiernos autonómicos habían rechazado insistir en la vía judicial a pesar del revés del TSJ (caso de Euskadi) o bien porque las comunidades directamente habían rechazado imponer limitaciones de derechos fundamentales (todas las demás).

Con el recurso de Canarias, el Ejecutivo central –reconocieron este lunes fuentes gubernamentales- se encuentra en el terreno en el que quería, forzando al alto tribunal a fallar sobre la controvertida cuestión de las restricciones, aunque ello –explican estas mismas fuentes- suponga «asumir el riesgo» de que la más alta instancia judicial del país decida que no es posible limitar de ninguna forma derechos fundamentales sin estado de alarma.

Un fallo en ese sentido desmentiría al Gobierno, que desde hace semanas viene insistiendo en que las comunidades tienen instrumentos suficientes para atajar la pandemia sin legislaciones de excepción y que pueden recortar libertades fundamentales con simples acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que el Ejecutivo considera, además, de «obligado cumplimiento» para todas las autonomías.