Euskadi reajusta su brújula política un año después de las elecciones

Los comicios del año pasado arrojaron una nueva victoria del PNV -ganador en votos de todas las elecciones autonómicas- pero también revelaron un inédito empate a escaños (27) con la segunda fuerza, EH Bildu, que se quedó a menos de 30.000 votos de consumar el 'sorpasso'. Tras el traumático relevo de Iñigo Urkullu por Imanol Pradales, los jeltzales revalidaron el poder gracias a la reedición del pacto con el PSE-EE y con la tranquilidad que concede una mayoría absoluta.

La campaña para el 21-A estuvo protagonizada por algunas de las principales preocupaciones sociales, como la vivienda y, sobre todo, la Sanidad. En las primeras autonómicas tras el fin de la pandemia, el deterioro de Osakidetza se convirtió en el eje central de los mensajes de los candidatos. Una prioridad absoluta que, una vez superado el test electoral, se está abordando en una Mesa de Salud que busca un gran pacto político y social.

Pero el mundo, y por ende Euskadi, ya no son iguales que hace un año. La guerra arancelaria de Donald Trump, la situación de la industria y las amenazas a la seguridad han obligado a replantearse prioridades, a reorganizar recursos, a reajustar la brújula. Cuatro académicos consultados por EL CORREO desgranan en las siguientes líneas cómo se han desarrollado estos últimos doce meses en la política vasca.

Encuestas como el Deustobarómetro revelan que en este último año la preocupación por la Sanidad ha comenzado a reducirse tras alcanzar máximos históricos, pero aun así Silvestre recuerda que sigue representando «una prioridad importante» que no se debe desatender, por mucho que la «contestación social» se haya circunscrito al «personal sanitario» y no haya calado de la misma manera entre el resto de capas de la sociedad.

La catedrática de Sociología considera que en estos doce meses no se ha dado un «cambio en las prioridades, sino más bien un ajuste de las mismas como consecuencia de los drásticos cambios económicos y comerciales acontecidos a raíz de las declaraciones y las decisiones de Trump en Estados Unidos». Un nuevo reto que, al igual que en los demás, todavía no ha propiciado grandes pactos entre el Gobierno vasco y la oposición pese a la voluntad escenificada por ambas partes. «Habrá que hacer balance del número de acuerdos más allá de las buenas formas y de las declaraciones políticas», plantea.

Tampoco se han producido avances formales en un eterno deber pendiente de la política vasca, el de la reforma del Estatuto 45 años después de su promulgación. La experta advierte de que el riesgo de un nuevo desacuerdo «está ahí porque exige un nivel de consenso difícil de alcanzar cuando hablamos de marcos identitarios». «Es una pena -añade- que esta cuestión entorpezca una reforma para adecuar el Estatuto a los cambios sociales y actualizarlo con relación a los derechos sociales, la igualdad de género, el cambio climático y la inteligencia artificial», entre otras cuestiones.

Si en este año no ha habido un «acelerón» en la consecución de un nuevo estatus político para Euskadi, argumenta Gurrutxaga, es porque en realidad «ninguno de los actores lo necesita» en términos electorales. Dicho de otra forma, hoy por hoy no es una bandera rentable para ganar votos: «Han entendido que Euskadi es una sociedad pragmática y no quiere aventuras. Todos los países con un PIB per cápita de unos 40.000 euros, como es el nuestro, son sociedades ricas que se van haciendo conservadoras porque saben que tienen mucho que perder en calidad de vida».

Precisamente en ese concepto, ligado al Estado del bienestar, es en el que el sociólogo hace hincapié si se quiere evaluar la gestión en este primer año de legislatura. «Sin buenos servicios públicos e infraestructuras, se fragiliza la idea de bienestar entre la ciudadanía», expone, «por lo que hay que abordar los problemas que surjan». Ahí encuadra las revisiones que se han ido haciendo en Osakidetza, «un caso aún por cerrar» dado que todavía existen problemas estructurales como el déficit de profesionales, y el fin del conflicto en la Ertzaintza con la firma del nuevo convenio, que mejora las condiciones laborales de los agentes.

Sin embargo, Gurrutxaga subraya que hace falta esperar para determinar si esa pacificación o reducción de la conflictividad en los servicios públicos, «que en todo caso no ha llegado a algo tan importante como la Educación», llegará al sentir ciudadano. «¿Todo esto que se ha hecho va a conllevar una mejora para la gente cuando vaya al ambulatorio? Cuando los políticos escuchan y atienden las preocupaciones de la calle, luego la sociedad crea una expectativa de mejora y cumplirla es algo clave para la legitimación de la política», remacha.

Recuerda Ruiz que la campaña de las autonómicas del año pasado sirvió para que diferentes sectores -entre ellos, los trabajadores de los servicios públicos- visibilizaran sus quejas y reivindicaciones, algo que siempre ocurre cuando los partidos se enfrentan al examen de las urnas. «Todos los actores políticos y sociales exacerban el ambiente cuando llegan las votaciones. La tensión va en paralelo con la cercanía de las elecciones y es lógico, porque es el momento en que más esfuerzo hacen los políticos por mostrar que escuchan las preocupaciones de la gente», antepone.

Pero doce meses después, y ante la falta de comicios en el horizonte -si no hay adelantos, las próximas serán las municipales y forales de mayo de 2027-, «estamos en un valle electoral, hay menos tensión y eso se ha traducido en cierto relajamiento social». Una situación más calmada que, según la experta, ha permitido ir «atajando problemas» como el deterioro de Osakidetza al tiempo que aparecían otros más imprevistos, como la guerra arancelaria desatada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. «No es que se hayan orillado las prioridades que marcaron las elecciones del año pasado, pero sí han quedado con sordina porque las urgencias en un mundo cambiante se imponen», señala.

Que el foco se haya situado ahora en el plano económico, agrega Ruiz, abre una ventana de oportunidad a la consecución de grandes entendimientos entre Gobierno vasco y oposición que al menos en este año no se han dado. «Hemos visto mucho voluntarismo por parte de unos y otros, pero eso no se convierte automáticamente en acuerdos. En la ronda del lehendakari con los partidos para abordar la cuestión de los aranceles se volvió a ver disposición y en esto ni la sociedad ni las empresas entenderían que se haga política táctica».

Leonisio diagnostica que el Gobierno vasco liderado por Imanol Pradales, desde su propia conformación con perfiles más técnicos que propiamente políticos, se ha volcado en la pura gestión: «El PNV sabe que se la juega porque EH Bildu le pisa los talones e incluso le superó en las europeas que se celebraron mes y medio después de las autonómicas. Tiene que recuperar la imagen de partido gestor y por eso ha dado prioridad a levantar la que siempre ha sido la joya de la corona: Osakidetza».

Esa apuesta por la gestión pura y dura, continúa el experto, explica por qué en este primer año se han relegado carpetas más ideológicas como la de la reforma del Estatuto, en la que si bien Andoni Ortuzar lideró una ronda de conversaciones con los partidos para explorar el margen de acuerdo, después Aitor Esteban ha arrojado un jarro de agua fría al reducir las expectativas. «El consenso en esta cuestión es muy complicado y encima no hay un empuje social que presione a los partidos a acordar», explica.

Entre la ciudadanía hay mayor deseo de que se produzcan pactos en otras cuestiones más referidas a las 'cosas del comer'. Sin embargo, Leonisio explica que éstos no se han producido, al menos hasta la fecha, porque la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE deja poco margen: «Lo lógico es que quieran implantar su proyecto. Si acaso es EH Bildu el que más necesita acordar porque quiere dar una imagen de institucionalidad, de que está preparado para gobernar».