La Eurocámara pide que los 379 crímenes sin resolver de ETA no prescriban

La institución, que hará públicas sus conclusiones el lunes y abrirá un plazo de enmiendas, envió en noviembre una misión a Euskadi para conocer la situación en la que se encuentra la investigación de los crímenes sin resolver de ETA. Tras reunirse con víctimas del terrorismo, representantes de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía, el grupo formado por cinco eurodiputados extranjeros exige crear una comisión de juristas para continuar con «un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo de casos no resueltos, en el seno de la Fiscalía y con la participación de las fuerzas de seguridad del Estado».

Piden a las autoridades españolas «agotar las posibilidades interpretativas del derecho penal» y reconocer estos asesinatos como «crímenes de lesa humanidad». También los crímenes cometidos antes de 2004, una reivindicación de las víctimas, ya que la mayoría de los casos sin resolver se concentran en la década de los ochenta, en los conocidos como años de plomo.

Ante la falta de nuevas pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer estos delitos, los eurodiputados exigen que los beneficios penitenciarios de los presos de la banda «estén ligados a su colaboración en la resolución de los atentados de los que tengan conocimiento como muestra de su arrepentimiento». Además, piden perseguir tanto a los autores materiales como intelectuales de estos crímenes, extendiendo la responsabilidad a la cúpula del ETA.

El llamamiento a la colaboración se extiende al resto de la ciudadanía y animan al Estado a poner en marcha todos los recursos posibles para garantizar el anonimato de quienes tengan cualquier tipo de información relevante que pueda conducir a la resolución de alguno de los casos pendientes.

La comisión admite que enmendar el daño causado a las víctimas «es imposible», pero establece una serie de guías dirigidas a las autoridades nacionales para evitar que sufran una «doble victimización». De este modo, la Eurocámara aconseja crear mecanismos legales para «criminalizar el enaltecimiento de un acto terrorista concreto», al considerar que «humilla a las víctimas».

En esa categoría se incluyen también los recibimientos a expresos de ETA a su salida de la cárcel -los conocidos como 'ongi etorri'- «por el dolor y la victimización secundaria» que causan a las familias de los asesinados. Y, si se producen este tipo de actos, la comisión exige que «se evite la impunidad».

La protección de las víctimas es «esencial», así como su acceso a la justicia y a la reparación, insiste el informe, en un esfuerzo que debe traspasar las fronteras nacionales. En ese sentido, la Eurocámara aconseja reforzar la cooperación a nivel internacional para garantizar «que ninguna víctima del terrorismo que no haya recibido justicia pueda ser olvidada o rechazada. La verdad, el recuerdo y la paz deben acompañar a la justicia para proteger la dignidad de las víctimas», concluye el documento.

Este informe es el resultado de la petición iniciada por Miguel Ángel Rodríguez, de la plataforma Dignidad y Justicia, en 2016. Casi cinco años después -y gracias también al empeño de los eurodiputados Dolors Montserrat (PP), Maite Pagazaurtundua (Cs) y Jorge Buxadé (Vox)-, la iniciativa sigue muy viva en Bruselas, que trabaja para arrojar algo de luz en los casos sin resolver de ETA.