Díaz endurecerá el registro horario ante los escollos en el Congreso por la reducción de jornada

Mientras dirigentes y diputados de la coalición magenta se muestran optimistas y creen que la reducción saldrá adelante antes del 31 de diciembre de 2025, lo cierto es que Díaz ya prepara una alternativa a su posible descarrilamiento. La decisión, aunque permanece alejada de la meta inicial, supondría controlar de forma más exhaustiva la jornada laboral de millones de trabajadores en España y forzaría a las compañías a abonar, según defienden desde el Ministerio de Trabajo, miles de horas extra que quedan sin remunerar en todo el país. Yes que la vicepresidenta segunda cree que lo que cuestiona la patronal no es, en realidad, la rebaja de la semana de trabajo a 37,5 horas, sino que «no la quieren por el control horario» que conlleva, zanjó este jueves en una entrevista en La Sexta.

Para la dirigente de Sumar, el endurecimiento de este registro es «la pieza clave» de la iniciativa y, por ello, han buscado con esta fórmula sortear el rechazo de partidos como Junts, PPyVox y de la propia patronal. De no haber optado por separarla en un Real Decreto, si los de Puigdemont mantienen la enmienda a la totalidad que ya han registrado en el Congreso, también lograrían tumbar el registro horario.

Los magentas se juegan mucho con esta iniciativa, que fue su promesa principal en la campaña electoral del 23-J. Además, andan necesitados de dar un«giro social» a la legislatura, en un momento marcado por los supuestos casos de corrupción que rodean a su socio de coalición y por el «vodevil» –como lo calificó Díaz– de la comparecencia de la exmilitante socialista Leire Díez el martes pasado. «Es una cuestión de voluntad política. La gente quiere más derechos, aunque no haya presupuestos se pueden hacer políticas públicas», defendió la también ministra de Trabajo, en respuesta a la insinuación de que el Gobierno adolece de debilidad parlamentaria.

Mientras tanto, las conversaciones entre Sumar y Junts siguen paralizadas. Los magentas niegan que estén ofreciendo a los posconvergentes un trato singular para Cataluña en cuanto a reducción de la jornada laboral se refiere. «Eso no se puede hacer», reconocen fuentes del partido. Sin embargo, no descartan acercarse a las líneas rojas que marcan los soberanistas catalanes ofreciendo algún tipo de bonificación a las pymes. «Claro que hay márgenes para el acuerdo», defienden. Pero la realidad parece, al menos fuera de los despachos, más tozuda. Junts, que cuenta con el respaldo de la patronal catalana, se mantiene en el no y niega que vaya a pasar por el aro si los de Díaz realizan cambios cosméticos a la medida. «Deberían empezar de cero», advirtió su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras. «Si no sale, tendrán que explicarlo», responde la vicepresidenta segunda.