El curso judicial marca la agenda política con el avance de los casos Cerdán, Pujol y Kitchen

La causa abierta en el Tribunal Supremo contra el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán -en prisión por riesgo de destrucción de pruebas desde el 30 de junio- espera varios informes de los investigadores para avanzar sobre las diferentes líneas de investigación. Unas diligencias que afectan también al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor en Transportes Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, el «conseguidor» de la red que cobró presuntamente comisiones por el amaño de contratos públicos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene previsto presentar en las próximas semanas al juez instructor varios oficios con las revelaciones patrimoniales de Ábalos, Cerdán y los contratistas de obra pública investigados para acotar el rastro de las presuntas mordidas. El resultado de estas pesquisas se ha convertido en una cuestión clave, ya que tanto las investigaciones realizadas hasta el momento como los audios grabados de forma subrepticia por Koldo García reflejarían el presunto reparto de dinero: primero en Navarra y desde 2018 en Transportes.

Los investigadores sostienen que calculando un porcentaje del 1% por todas las obras señaladas las mordidas podrían ascender a cinco millones de euros, aunque el juez reconoce que por ahora es una «inferencia basada en la lógica de la experiencia». La segunda causa abierta por estos hechos se instruye en la Audiencia Nacional. Está dirigida contra los no aforados y también avanza con diferentes ramificaciones, como las pesquisas contra los máximos responsables de Carreteras y ADIF en el ministerio de Ábalos o los empleos públicos conseguidos por dos mujeres vinculadas a éste.

El fiscal general Álvaro García Ortiz enfila el banquillo de los acusados por la causa abierta en el Supremo por presunta revelación de secretos de Álberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelaciones confirmó hace solo un mes que había indicios suficientes para abrirle juicio oral por la difusión de un correo electrónico de la defensa del empresario, en el que proponía a la Fiscalía un acuerdo para reconocer dos delitos de fraude fiscal a cambio de evitar su ingreso en prisión. Tras conocerse los escritos de acusación -se piden penas de entre cuatro y seis años de cárcel para García Ortiz- y de defensa, lo próximo será el auto de apertura de juicio que dictará el juez instructor Ángel Hurtado.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo recibido para que la causa llegase a la Moncloa, una vez que el Supremo rechazó abrir diligencias por falta de indicios contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por su papel en la contratación de la asesora de Gómez en verano de 2018. El juez tiene que jubilarse dentro de un año y deberá acotar las cuatro líneas de investigación abiertas por cinco delitos: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión en la cátedra y los dos másteres que Gómez dirigió en la Complutense; la presunta apropiación indebida del 'software' (programa) de dicha cátedra; y el citado nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal. Por estos hechos está citada el 11 de septiembre, aunque su defensa ha recurrido la fecha. En paralelo, el Consejo General del Poder Judicial mantiene abiertas dos diligencias informativas contra Peinado. Estudia si hay materia disciplinaria en las quejas de Bolaños y del partido Más Madrid por el archivo de una causa al Ayuntamiento de Madrid (PP) por un error del magistrado.

David Sánchez, hermano del presidente, está procesado por delitos de tráfico de influencias y prevaricación por la creación de la plaza de alta dirección musical por parte de la Diputación de Badajoz. Un proceso de selección que, según los indicios acumulados por la jueza, no fue transparente ni justo para el resto de los aspirantes. Tras el auto que propone juzgar al acusado junto a otras diez personas, entre ellos el líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, las acusaciones populares reclaman tres años de prisión al primero. La causa está a la espera de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial una vez que fracasó el intento de aforamiento de Gallardo, que hubiera llevado la causa al Tribunal Superior de Extremadura. La Fiscalía no acusa.

La Audiencia Nacional ha admitido que 254 testigos comparezcan a partir del próximo 10 de noviembre en el juicio a la familia Pujol Ferrusola, que afecta al expresidente de la Generalitat, a sus siete hijos y a 16 personas más. Serán 55 sesiones que se extenderán hasta finales de abril de 2026. Todos ellos afrontan una vista por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía pide nueve años de prisión a Pujol y entre ocho y 29 a sus hijos. Todos formaron presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas (1980-2003)», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

La presunta trama de corrupción en el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Rajoy para beneficiar a empresas gasistas entre los años 2014 y 2018, previo pago a la empresa Equipo Económico (EE), tiene como nudo central al entonces ministro Cristóbal Montoro. El juez de Tarragona continúa con las pesquisas contra otras 27 personas como parte del entramado, «cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico» a través de las reformas fiscales favorables o las mordidas presuntamente cobradas. También «se ha constatado» que Montoro nombró entre los altos cargos de Hacienda a ocho personas «estrechamente vinculadas» a Equipo Económico, lo que «aseguraría» que las reformas «se redactasen 'a demanda'» de las empresas gasistas que pagaban los honorarios y están siendo también investigadas.

La Audiencia Nacional ha fijado los meses de mayo y junio de 2026 para celebrar el juicio por el caso Kitchen, la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en época del Gobierno de Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar al PP. En el banquillo se sentarán Jorg e Fernández Díaz, exministro del Interior, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel. Los magistrados ya aceptaron también que varios miembros de la anterior plana mayor del PP comparezcan como testigos, entre ellos el propio Rajoy y sus ministros Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido, sucesor de Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.