Aena se opone a que el Gobierno vasco entre en la gestión de los aeropuertos

El pronunciamiento de Aena ha sido rotundo y ha llegado por dos vías diferentes, ambas de entidad. A primera hora de la mañana ha enviado una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) para reivindicar la «solidez del marco legal y constitucional» que ampara el actual sistema. Y horas después, aprovechando su participación en unas jornadas económicas en S'Agaró (Girona), el presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, ha reiterado el rechazo a cualquier modificación en la estructura societaria o accionarial de la compañía.

Tanto el operador en general como su máximo responsable en particular han querido exteriorizar así su posición ante el temor que ya había expresado el fondo de inversión TCI, principal accionista privado de la compañía con más de un 6%. En una carta enviada al consejo de administración y al presidente, instó a Aena a defender públicamente el actual sistema frente a las reivindicaciones del Gobierno vasco para entrar en el control de los tres aeródromos de Euskadi. Su principal preocupación es que ese modelo de cogestión desemboque en derechos de veto, delegaciones de competencias y conflictos de intereses.

Hay que tener en cuenta que este próximo miércoles, 1 de octubre, se constituirá una subcomisión en la que los gabinetes de Pedro Sánchez e Imanol Pradales estudiarán la forma en que el Ejecutivo autonómico puede incorporarse a la gestión de Loiu, Foronda y Hondarribia. La cuestión no es nada sencilla porque, si bien el Estatuto de Gernika atribuye desde 1979 a Euskadi la competencia de los «aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa», a día de hoy los tres tienen atribuida dicha consideración y Moncloa no tiene ninguna intención de quitársela porque supondría degradarlos.

Vista la extrema complejidad de que se consiga una transferencia integral, Lakua se ha abierto en los últimos tiempos a una vía más pragmática. A grandes rasgos, consistiría en que Aena cree una filial participada por el propio Gobierno vasco para compartir la dirección de las tres infraestructuras. Una fórmula intermedia con la que espera reconducir las resistencias del Estado y las dificultades añadidas que implica la composición de una sociedad público-privada que incluso cotiza en Bolsa. Sin embargo, al operador aeroportuario no le convence ni siquiera esa alternativa y tampoco el Ejecutivo de Sánchez ha mostrado un gran entusiasmo en vísperas de que se constituya el grupo de trabajo.

En esa comisión se sentarán cinco representantes por parte del Gobierno central y otras cinco por el vasco, que además contará con la asesoría de las sociedades de promoción Bilbao Air (Loiu), VIA (Foronda) y Ortzibia (Hondarribia). Según el calendario previsto, deberán rendir cuentas en un plazo de cuatro meses; esto es, para finales de enero. Un plazo con el que en la práctica Lakua asume que no tendrá todas las competencias del Estatuto para finales de este año, tal y como se comprometió Sánchez por escrito en su acuerdo de investidura con el PNV.