Salvar empresas y empleos

Las restricciones impuestas por el estado de alarma han limitado las libertades ciudadanas y perjudicado a muchos sectores de la actividad económica. El daño ocasionado varía mucho en función de la actividad, la localización y el momento temporal. Los gobernantes pusieron en marcha medidas de choque el año pasado -los ERTE, los créditos ICO, las ayudas urgentes, la moratoria concursal…- y ahora preparan una batería de iniciativas medidas para paliar los efectos del tsunami económico una vez controlemos la pandemia.

Abordo una cuestión previa. ¿Los sectores más afectados tienen derecho a recibir indemnizaciones públicas por los perjuicios sufridos? ¿O deben ser receptores de ayudas más o menos condicionadas y directas? ¿Debe la vía judicial pronunciarse a favor de las indemnizaciones? No soy jurista, pero el sentido común me dice que las demandas de indemnizaciones, en general, no prosperarán. La Administración tiene a su favor el argumento de la declaración del estado de alarma por fuerza mayor y que su actuación sobre las limitaciones impuestas es objetiva y fundamentada en la ciencia, en un contexto de incertidumbre sobrevenida máxima.

La principal cuestión sobre las ayudas de todo tipo, que vienen perfilándose en los distintos niveles de decisión -comunitaria, española y vasca-, es anticipar si serán suficientes y eficientes. Y si llegarán a tiempo. Como siempre, vamos con prisa, que no es la mejor aliada para hacer las cosas bien.

Hay, además, muchos equilibrios complejos que conjugar. Los 140.000 millones de euros de ayuda comunitaria para paliar la crisis y modernizar la economía ¿llegarán a tiempo? ¿Sera eficiente y equitativa su distribución? ¿Agotaremos con éxito el monto de ayudas? La mayor parte las acapararán proyectos de grandes empresas, pero me pregunto si visualizaremos en estos próximos años su impacto real en términos de innovación, lucha contra el cambio climático y generación de empleo de calidad.

Se nos dice que las ayudas irán a empresas viables y habrá que dejar caer las denominadas zombis y las que no tienen futuro. Pero el problema es discernir adecuadamente. Lo correcto será situarnos en el momento 0 de la pandemia. Las empresas que tenían viabilidad en marzo de 2020 y que hoy están con serios problemas de liquidez y necesitadas de redimensionamiento laboral serán las denominadas viables. ¿Seremos capaces de identificarlas y ayudarles en este proceso?

Hay dudas razonables de que las ayudas para pymes, microempresas y autónomos -viables- sean suficientes y lleguen a tiempo. Debemos garantizar un principio de igualdad de oportunidades, sin discriminación del tamaño. Y esto resulta extremadamente complicado.

Para abordar lo que se nos viene encima, necesitamos modificaciones legales rápidas, oportunas y eficientes. La modificación de la normativa concursal que se anuncia debe hacer posible revertir los actuales procedimientos, lentos e ineficaces, y facilitar acuerdos rápidos y ágiles, de convenios con los acreedores o de adjudicación de unidades productivas, de exonerar deudas públicas y financieras, en suma, de conseguir reflotar empresas con viabilidad y sin estigmas, eliminando barreras a la continuidad de las compañías o a su creación.

Muchos programas de ayudas están condicionados a unos requisitos de condicionalidad convencionales que dificultan el acceso a las mismas. Leemos el titular del programa y vemos una ventana abierta pero cuando entramos al detalle, a la letra pequeña, se cierra la ventana. Si, como se nos anuncia, va a ser posible crear empresas con un euro, en diez días y de forma digital, ¿seremos capaces de atender la situación de una empresa viable y adaptar las ayudas a su necesidad, en lugar de establecer un formalismo que dificulta en demasía la atención que requiere?

Vemos grandes cifras y programas de ayudas públicas que se anuncian para su puesta en marcha. Pero no alcanzamos a saber cómo, cuándo y a quien han llegado. Como ciudadano resulta tedioso escuchar grandes promesas y ver pocos resultados. No es que no los haya, es que, hecho el anuncio en público, el resultado, aunque sea satisfactorio, apenas llega a conocerse. Entiendo que todos preferimos más hechos y menos promesas. No es una crítica particular, es una constatación de hechos de los que también he sido portavoz y que merecen ser considerados.