El espejo colombiano
Treinta días de disturbios en la región más desigual del mundo son fruto de la acumulación histórica de olvido y desatención social
Colombia arde. Colombia está en llamas. Colombia estalla. Colombia parece más una democracia paramilitar que una democracia al uso. Colombia tiene bien engrasada la máquina ... de matar. Las protestas masivas que crecen día a día, la larga lista de reivindicaciones diversas contra un sistema que ha perdido su legitimidad, la violencia y destrucción a manos de grupos descontrolados, la dura represión policial y un movimiento de protesta juvenil sin líderes visibles evocan el estallido social chileno de finales de 2019 e inicios de 2020. Estallido que ha desembocado en las constituyentes celebradas los pasados días 15 y 16.
Pero, a diferencia del escenario chileno, el panorama colombiano es mucho más explosivo a causa de los efectos de la pandemia que padece el planeta desde hace más de un año y que ha agudizado la insoportable desigualdad (51,3 según el índice Gini) que lastra el país americano, incrementando la pobreza hasta el 46% de la población. La chispa que generó el incendio fue la reforma tributaria (Ley de Solidaridad Sostenible) del Gobierno de Iván Duque que, una vez más, perjudicaba a las clases medias y bajas del país, y que rápidamente retiró cuando crepitaron las calles de muchas de sus ciudades.
El malestar social que recorre el segundo país de América Latina, después de Brasil, en términos demográficos y económicos, llegará, probablemente, a otros espacios del continente. Revertir la situación actual exige transformaciones profundas de su sistema político y de su estructura económica, reforzar y dotar de legitimidad a un Estado débil, configurar una verdadera democracia y crear un sistema fiscal más progresivo y redistributivo.
El acuerdo de paz que firmaron el Gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 24 de noviembre de 2016, generó grandes expectativas y los cimientos sobre los que construir una paz (participación política, reparación y justicia para las víctimas, reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos) que demandaba, además de los factores anteriormente señalados, la lucha contra la oprobiosa desigualdad y la endémica corrupción.
La paz fue un punto de inflexión, un hito que generó grandes expectativas y sueños, ya que el conflicto armado fue considerado por muchos colombianos como la causa de sus desgracias y del anquilosamiento del país, a la par que un obstáculo de la movilización social. Rápidamente llegó el desengaño y el descontento porque muchos de los acuerdos alcanzados entonces, y otros posteriores, han sido incumplidos sistemáticamente. Corrupción, desigualdad y violencia, a las que se sumó la pandemia, siguieron siendo protagonistas de la vida colombiana y de la ruptura entre los ciudadanos y el Estado.
Las protestas han sacado a la luz, además de esto, fracturas mucho más hondas, las del clasismo, el racismo y la xenofobia, acentuadas con los continuos asesinatos de líderes ambientales y sociales. Y aquí reaparece la figura de su antiguo presidente, Álvaro Uribe Vélez, padrino de Duque en las elecciones que le llevaron al poder, con sus discursos descalificadores, radicales y violentos, y su vinculación con el narcotráfico, el paramilitarismo y los escuadrones de la muerte.
Relacionado con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar Gaviria y adalid de los 'falsos positivos' en la lucha contra la insurgencia que ha regado el país con miles de millones de dólares norteamericanos. Según numerosos documentos desclasificados del Archivo Nacional de Seguridad (NSA) y la DIA (el 23 de septiembre de 1991 lo incluyó en el número 82 de los mayores criminales del mundo) estadounidenses y el testimonio del exembajador en Colombia Myles Frechette, EE UU siempre protegió, y protege, a Uribe, al considerarlo como un elemento clave para sus intereses en la región. Recordemos que Colombia es el principal socio de Washington en la zona. EE UU cuenta con siete bases militares en el territorio, además de tropas y cientos de asesores, y que Mike Pompeo, en su cuarta visita al país, 'aportó' al programa 'Colombia Crece' 5.000 millones de dólares.
Los más de treinta días de disturbios en la región más desigual del mundo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) no son fruto de la mencionada reforma tributaria, sino de la acumulación histórica de olvido y desatención social, de precariedad laboral y pobreza, de sufrimiento humano y de violencia sistémica. Los escenarios de guerra contra ciudadanos indefensos, aunque los haya violentos como refleja el reciente incendio del Palacio de Justicia de Tulá, y la desproporción en el uso de la fuerza no son algo nuevo en Colombia. La vía represiva y la degradación de la democracia no dan la sensación de poder contener algo que parece un embrión de lo que ocurrirá en América y en el mundo en los años venideros. Colombia puede ser un espejo de futuro.
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