Economía post-pandemia

Esta semana se han cerrado los acuerdos sobre la prórroga de los ERTE del tiempo covid hasta fin de mayo. Los empresarios han accedido a mantener el empleo en los seis meses siguientes. Es excelente que se haya producido este acuerdo. En mi vida profesional no he ocultado nunca mi vocacional sesgo en favor de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores; pero, a mi juicio, la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses, so pena de devolver todas las bonificaciones de cotizaciones sociales, no es realista, es una huida hacia adelante. Muy posiblemente, en la segunda mitad del año habrá una oleada masiva de liquidaciones concursales. Y esta cláusula puede hacer crecer las solicitudes de concurso, salvo que su aplicación en la práctica se ajuste y module a las necesidades de supervivencia de las empresas.

Hago mía la angustia de pequeños empresarios y autónomos, empleadores de trabajadores, en sectores especialmente castigados por las restricciones. Cuando estos empresarios, «el día después», sin restricciones, puedan levantar la persiana de sus negocios en condiciones de no limitación, ¿qué se van a encontrar? ¿Podrán seguir empleando a todos los trabajadores que han tenido en ERTE?

Hoy por hoy, la única posibilidad de iniciar un procedimiento de extinción de contratos de trabajo antes de fin de año (ERE) para las empresas acogidas a suspensiones temporales de contratos (ERTE) en tiempo covid es presentar un concurso de acreedores. Solo en ese marco se puede iniciar el procedimiento de extinción de contratos, parcial o total. Pero presentar concurso de acreedores para rescindir los contratos de una parte de los trabajadores de la plantilla no tiene ningún sentido. Es matar moscas a cañonazos. El concurso es útil para hacer frente a una situación temporal o definitiva de insolvencia. Y el ERE es el instrumento para realizar un ajuste laboral debido a una causa productiva, a una disminución de los ingresos por ventas. Es cierto que existe una relación causa-efecto entre la disminución de los ingresos y el empeoramiento de la situación económico-financiera, pero son dos causas diferenciadas. Y cada causa tiene su procedimiento particular.

Cuando caduque la prórroga concedida a las empresas para presentar concurso, estando en causa legal de insolvencia, a partir de la segunda quincena de marzo, razonablemente se presentará un aluvión de concursos, dada la agónica situación financiera de muchas de ellas. Todavía estamos a tiempo de que los gobiernos arbitren medidas, sobre todo para pequeñas empresas y autónomos afectados, para que se disponga de un tratamiento excepcional de salvación, al objeto de proteger la supervivencia de las compañías dañadas por la pandemia: arbitrar quitas y esperas de las deudas impagadas e impagables, tanto de deuda pública, como financiera, alquileres, suministros de energía… Y posibilitar las extinciones de contratos necesarias para proteger un bien mayor: la permanencia de todas las empresas posibles. Con contrapartidas exigidas a los empresarios, porque no debemos proteger a quien no ha sido diligente, ni a quien haya estado en una suerte de economía sumergida u ocultando una parte de sus ingresos al objeto de eludir sus obligaciones de pago de impuestos y cotizaciones.

La protección de las pequeñas empresas es esencial porque en ellas se concentra gran parte de la generación de empleo y riqueza de nuestro país, ya que conforman nuestro modo de vida, contribuyen al bien común; a la convivencia, cercanía, vida en las calles. La razón de ser de nuestros pequeños comercios, hosteleros, entidades culturales..., amén de procurar un empleo a sus trabajadores, es su aportación a la riqueza y singularidad de un municipio, de un país, atendiendo a la cercanía de sus clientes «de toda la vida». Un municipio con muchos locales cerrados es un símbolo de mortalidad social.