Un deber de memoria

El tiempo y el uso desvirtúan el sentido de las palabras. Las siglas ETA significan 43 años de irracional violencia terrorista, más de 2.500 crímenes, más de 850 asesinatos, miles de heridos, 82 secuestrados, innumerables víctimas indirectas y daños materiales incalculables.

Aquel comunicado no puso fin a la lucha del Estado contra ETA. Durante estos diez años, las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas han desarrollado más de 20 operaciones contra sus miembros, que han permitido la captura de 241 terroristas. Policía Nacional y Guardia Civil no escatiman el más mínimo recurso policial disponible para el esclarecimiento de aquellos crímenes que todavía no ha sido posible resolver. En estos diez años, la Gendarmería francesa y las Fuerzas de Seguridad españolas han localizado 35 depósitos de armas y explosivos de ETA, en los que se han intervenido 362 armas, 900 kilogramos de explosivos, 6.000 cartuchos de munición y 3.100 detonadores, entre otros efectos.

Y nos incumbe el pronunciamiento de Naciones Unidas porque construye un deber público de memoria que nos obliga a preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo. Un deber ya asumido con anterioridad por el Estado español. El pasado 22 de septiembre se cumplió otro aniversario relevante: la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, cumplió también diez años. Esta norma, fruto de un casi unánime consenso político en aquel momento, diseñó un modelo no solo pionero en la protección y asistencia a quienes han sufrido las consecuencias de la sinrazón terrorista, sino el más avanzado de los Estados miembros de la ONU. Esa ley diseña un marco legal específico de los derechos de las víctimas del terrorismo, tratamiento singularizado que refleja su significación política y pública porque les reconoce como «símbolos de la defensa del Estado democrático frente a la amenaza terrorista».

En estos últimos diez años, el Estado español no ha desatendido su deber de intentar proporcionar a las víctimas del terrorismo verdad, justicia, reparación y derecho a la no repetición; y ha cumplido, cumple y va a seguir cumpliendo con ese deber de memoria al que se siente obligado. En estos tiempos en los que la realidad está supeditada al relato que de ella seamos capaces de articular, en el caso de ETA ese relato debe asegurar el triunfo de la verdad de lo que sucedió, debe ser el de las víctimas, el de su sufrimiento y también el de su triunfo final sobre el terrorismo. Porque esa narración es la única en la que podemos reconocernos y encontrarnos para convivir.

Esa es la guía de actuación de todos los gobiernos durante esta década, de los anteriores, del actual y lo será de los que se sucedan en el futuro, porque es un compromiso de Estado: luchar contra la desmemoria para reparar el dolor y recuperar la dignidad de las víctimas del terrorismo. La presencia pública de las víctimas en un escenario sin ETA es fundamental para mantener la memoria viva del pasado y afianzar en la sociedad mecanismos de deslegitimización de cualquier terrorismo pasado, presente o futuro. Quienes queremos para España una democracia plena sabemos que no será digna de tal nombre si no ampara y reconoce a quienes son sus símbolos y, de manera injusta, fueron atacados, perseguidos o amenazados.

El tiempo se detiene para las víctimas del terrorismo, y la sociedad debe sentirse afectada; no es aceptable que la injusticia del olvido sea el precio político de la paz y la libertad. Manipular la información, la memoria, en detrimento de las víctimas contribuye a propagar un discurso de odio que polariza la sociedad e impide el necesario clima de convivencia pacífica.

El camino de la paz y la libertad nunca se termina de recorrer. Es necesario trabajar cada día para, a partir de la memoria de sus víctimas, conseguir la deslegitimación social del terrorismo pasado, presente o futuro, para que no quede rastro de justificación alguna de sus crímenes. Por eso, el décimo aniversario de la derrota definitiva de ETA debe convertirse en homenaje a sus víctimas, reconocimiento de su sacrificio y reivindicación de su ejemplo. Son la referencia ética de nuestro sistema democrático, el símbolo de la defensa de la paz, la libertad y el Estado de Derecho frente a la agresión terrorista.